Seis regidores y el síndico municipal de Acatlán de Osorio denunciaron ser objeto de un "garrote político" mediante la apertura de carpetas de investigación en su contra por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En conferencia de prensa desde el zócalo de Puebla, los integrantes del Cabildo acusaron que estas indagatorias se utilizan como una medida de coerción para forzarlos a levantar el plantón y frenar las protestas ciudadanas que exigen la revocación de mandato de la alcaldesa, Guadalupe Bárcenas.

La regidora de Industria y Comercio, Maricruz Bello Nacer, reveló que las autoridades estatales les plantearon un ultimátum en las mesas de negociación: aceptar un acuerdo y tranquilizarse o enfrentar la disolución del Ayuntamiento mediante un Concejo Municipal.

El cuerpo edilicio manifestó su temor a que la Fiscalía les fabrique delitos o diseñe "chalequitos a la medida", por lo que exigieron al gobierno estatal vigilar que no exista un uso parcial de la procuración de justicia.

El bloque opositor a la alcaldesa morenista rechazó tajantemente las acusaciones que los vinculan con el grupo delictivo "Los Rojos", argumentando que es una estrategia de la edil para desviar la atención de las presuntas anomalías administrativas de su gestión.

Los regidores advirtieron que estos señalamientos ponen en grave riesgo su integridad y la de sus familias, por lo que confirmaron la presentación de denuncias ante la FGE para solicitar medidas formales de protección.

Bello Nacer también reprochó que mientras la presidenta municipal recibe respaldo público inmediato, las denuncias del Cabildo permanecen ignoradas o "dormidas" en el Tribunal Electoral del Estado (TEEP). El conflicto escaló tras revelarse que, bajo un argumento de austeridad, Bárcenas redujo el salario de los regidores a 12 mil pesos mensuales mientras ella percibe más de 70 mil.

Por su parte, el síndico municipal, David Fernando Chico, denunció parcialidad en la reciente movilización a favor de la alcaldesa, donde acusó la existencia de acarreo de habitantes provenientes de Oaxaca.

Criticó además que la Auditoría Superior del Estado (ASE) iniciara una revisión extraordinaria a las cuentas públicas sin permitir la participación ni entregar copias de las actas al bloque agraviado, por lo que adelantaron que buscarán llevar el caso directamente ante la Presidencia de la República.