La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos Vergara, acusó que la comparecencia de la concesionaria Agua de Puebla para Todos, programada para este martes 7 de julio a las 11:00 horas, será una simulación, pues la legisladora sostuvo que el formato del encuentro, diseñado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del Estado, limitará y restringirá el tiempo para que las y los diputados puedan formular cuestionamientos.

En rueda de prensa y entrevistas, la priista detalló que la comisión omitió deliberadamente el apartado de asuntos generales dentro del orden del día, lo que -a su juicio- busca impedir que se amplíen las preguntas dirigidas al director de la empresa, Jordi Bosch Bragado, y a la titular del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), Josefina Morales Guerrero, lo que genera una profunda desconfianza en el ejercicio de rendición de cuentas.

La representante del tricolor arremetió directamente contra la presidenta de dicha comisión, la diputada del PVEM Guadalupe Vargas Vargas. Pozos Vergara la acusó de proteger a la concesionaria en ocasiones anteriores al mostrar inconformidad cuando se plantean preguntas adicionales fuera de las acordadas. Incluso, restó credibilidad a los pronunciamientos de Vargas ante las recientes inundaciones por lluvias en la capital, como la ocurrida el 28 de junio en el Centro Histórico.

Por otra parte, la legisladora puso en duda la transparencia y los tiempos de la auditoría que el SOAPAP pretende realizar para revisar el presunto sobrecosto en 223 obras ejecutadas por Agua de Puebla. Pozos sugirió que los resultados de dicha investigación podrían ser retenidos deliberadamente para darse a conocer hasta el año 2027, justo antes del próximo proceso electoral.

Bajo el argumento de que la empresa ha incumplido los compromisos para optimizar la distribución de agua en Puebla, Delfina Pozos exhortó a la bancada mayoritaria de Morena y a sus aliados a dejar de simular y proceder con la revocación formal del título de concesión otorgado en 2013. Sostuvo que el Poder Legislativo debe priorizar la defensa ciudadana y la transparencia por encima del resguardo de los intereses de la concesionaria privada.