Ocho personas fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, desaparecida el 2 de junio en Nanchital, Veracruz, y cuyos restos fueron identificados un mes después. Entre los imputados se encuentran cuatro presuntos integrantes del Grupo Sombra y cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que la Fiscalía Regional Coatzacoalcos obtuvo la vinculación a proceso de Javier Iván "N", alias Delta 1; José del Carmen "N", Delta 7; Luis Arturo "N", Delta 11 o El Pelón; Karen Monserrat "N", La Hiena; así como de Julio César "N", Luis Enrique "N", Juan Carlos "N" e Ismael "N", como probables responsables del delito de homicidio doloso calificado en agravio de la comunicadora.

Durante la audiencia de continuación, el juez consideró que existen elementos de prueba suficientes para acreditar la probable participación de los ocho imputados en los hechos ocurridos el 2 de junio de 2026, cuando Roxana Guzmán fue privada de la libertad en el municipio de Nanchital y posteriormente trasladada a un rancho ubicado en Moloacán, donde presuntamente fue asesinada. Como medida cautelar, todos enfrentarán el proceso penal en prisión preventiva.

Roxana Guzmán, fundadora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad por un grupo de hombres armados que ingresó a su domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas de Nanchital. Tras semanas de búsqueda, el 3 de julio la Fiscalía confirmó que restos óseos localizados el 25 de junio en un rancho de la comunidad Emiliano Zapata, en Moloacán, correspondían a la periodista.

Las investigaciones ministeriales señalan que, después de ser asesinada, su cuerpo fue calcinado dentro de un tambo metálico para intentar ocultar el crimen. De acuerdo con la carpeta de investigación, cuatro de los vinculados forman parte del presunto grupo criminal Grupo Sombra, mientras que los otros cuatro son policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, quienes habrían colaborado con los responsables del homicidio proporcionando combustible y alimentos durante el cautiverio de la víctima.

El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión, al involucrar tanto a presuntos integrantes de la delincuencia organizada como a servidores públicos encargados de la seguridad.