La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, contra el Congreso local y le concedió una suspensión que impide la ejecución de cualquier resolución derivada del juicio político en su contra, incluida una eventual destitución o inhabilitación, mientras el máximo tribunal resuelve el fondo del caso.

De acuerdo con el acuerdo de admisión de la controversia constitucional 386/2026, la Corte determinó que el recurso fue presentado de manera oportuna y por una autoridad legitimada, por lo que continuará su análisis.

En un acuerdo por separado, correspondiente al incidente de suspensión, la SCJN precisó que la medida cautelar no detiene el desarrollo del juicio político, por lo que el Congreso de Nuevo León podrá continuar con las diligencias e investigaciones. Sin embargo, queda impedido de ejecutar cualquier resolución que implique separar del cargo o inhabilitar al mandatario estatal.

“Los efectos de la suspensión no tienen como finalidad impedir que las autoridades respectivas continúen con el trámite y desahogo del procedimiento respectivo, sino únicamente paralizar la ejecución de cualquier determinación encaminada a separar a dicho funcionario de su cargo o inhabilitarlo para tal función”, señala el acuerdo de la Corte.

La resolución también negó la suspensión respecto de las fracciones IV, VII y IX del artículo 9 de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León, que contemplan como causales de responsabilidad política las faltas graves en el manejo de recursos públicos, violaciones al marco constitucional o legal que afecten al Estado y otras conductas previstas por la legislación.

Actualmente, el procedimiento contra Samuel García se encuentra en la etapa de investigación dentro de la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León. El pasado 26 de junio, dicho órgano aprobó avanzar a la fase de diligencias y declaró sesión permanente para continuar con el proceso.

Como parte de las investigaciones, los legisladores solicitaron información financiera, declaraciones patrimoniales, datos fiscales, contratos y actas constitutivas a más de 60 dependencias, organismos públicos y universidades, con el objetivo de indagar una presunta triangulación de recursos públicos relacionada con diversas empresas y despachos jurídicos.

Durante esa misma sesión, la Comisión informó que el gobernador presentó el informe de defensa previsto en la Ley de Juicio Político el 23 de junio, documento que fue incorporado al expediente en versión pública. Asimismo, rechazó suspender el procedimiento legislativo al considerar que los recursos promovidos por la defensa no impedían continuar con las investigaciones.