La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a una empresa dedicada a la comercialización de yeso, determinando que el llamado "impuesto verde" estatal aplicado a la extracción del subsuelo invade las facultades exclusivas de la Federación en materia minera, lo que sienta un precedente para el derrumbe del "Impuesto Verde" a pedreras del gobernador Samuel García Sepúlveda.

Aunque por ley los efectos de esta sentencia benefician exclusivamente a la empresa amparada y el gravamen sigue formalmente vigente para el resto de las industrias, el fallo sienta un revés histórico, pues la Corte determinó la inconstitucionalidad de seis artículos de la Ley de Hacienda de Nuevo León contenidos en el juicio de amparo 592/2025, señalando que el gobierno estatal pretendió "disfrazar" un gravamen minero como un derecho ecológico, violando que la explotación del subsuelo está reservada únicamente al Congreso de la Unión.

La batalla legal comenzó desde marzo de 2022 —a solo dos meses de la entrada en vigor del impuesto— con una lluvia de amparos impulsada por pedreras, hospitales e incluso Pemex. Si bien los primeros recursos no prosperaron, este criterio de la SCJN abriría la puerta para que el resto del sector industrial promueva nuevos amparos para deslindarse de la polémica medida que dejó una recaudación de 4 mil 772 millones de pesos entre 2022 y 2024.

Durante el debate, el bloque que defendió el cobro local estuvo integrado por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, y las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel, quienes votaron en contra al argumentar que materiales comunes como la arena o la grava no son minerales de competencia federal. Pese a la resistencia, la mayoría de seis ministros validó el proyecto, tumbando el fondo "ecológico" de Nuevo León para la empresa yesera.