La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) prepara el traslado del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y de otros siete imputados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 "Altiplano", mientras continúa la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República (FGR) busca vincularlos a proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, los acusados formarían parte de una red dedicada al contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México mediante transporte ferroviario, esquema que habría provocado un daño estimado al erario superior a 4 mil millones de pesos entre enero y julio de 2025, debido al presunto incumplimiento en el pago de impuestos.

La audiencia comenzó el viernes a las 13:00 horas mediante videoconferencia y se desarrolla ante la jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega, quien dirige el proceso desde el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya. Los ocho detenidos comparecen desde las instalaciones de la FEMDO, donde permanecen bajo resguardo junto con sus equipos de defensa.

Durante la diligencia se han decretado varios recesos. El primero se extendió de las 14:00 a las 20:00 horas del viernes para que las defensas revisaran el expediente. Posteriormente, hubo otro receso durante la madrugada de este sábado y la audiencia se reanudó a las 9:00 horas.

Mientras tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar) permanecen en las instalaciones de la FEMDO para ejecutar el eventual traslado de los imputados al penal federal de máxima seguridad, una vez que concluyan las actuaciones judiciales correspondientes.

Según la carpeta de investigación, la organización presuntamente utilizaba más de 100 carros tanque ferroviarios para introducir combustible desde Texas a través de la Aduana de Matamoros, Tamaulipas, y posteriormente distribuirlo en distintas entidades del país.

Las indagatorias señalan que, mientras en la documentación aduanera se declaraban cargamentos de 10 mil litros por contenedor, en realidad cada unidad transportaba alrededor de 110 mil litros, lo que habría permitido el ingreso ilegal de grandes volúmenes de gasolina y diésel sin cumplir con las obligaciones fiscales y de importación.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, informó previamente que las investigaciones permitieron reconstruir la estructura operativa de la red, desde la adquisición del combustible en Texas hasta su distribución en territorio mexicano.

De acuerdo con la Fiscalía, las operaciones estarían vinculadas con la empresa Ingemar, de la que Ernesto Ruffo Appel es señalado como accionista mayoritario. Hasta el momento, las autoridades han ejecutado ocho detenciones, aunque existen 25 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso.