El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otras siete personas permanecen bajo resguardo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, en espera de que un juez federal autorice la celebración de la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República (FGR) formulará imputaciones por presuntos delitos de lavado de dinero y delitos en materia de hidrocarburos.

De acuerdo con autoridades federales, la investigación está relacionada con una presunta red dedicada al contrabando de diésel y gasolina desde Estados Unidos hacia México, mediante operaciones que simulaban la importación de otros productos para evadir el pago de impuestos.

Durante la tarde del jueves y la madrugada de este viernes, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizaron seis detenciones adicionales, entre ellas las de presuntos integrantes vinculados con la Asociación Nacional de Aduanas de México (ANAM). Con estas capturas, el número de detenidos dentro de la investigación ascendió a ocho personas.

El caso deriva de una indagatoria iniciada tras el aseguramiento, en abril de 2025, de aproximadamente 15 millones de litros de combustible almacenados en carros tanque de ferrocarril pertenecientes a la empresa Ingemar, identificada por las autoridades como una de las compañías presuntamente utilizadas para operar el llamado huachicol ferroviario.

El jueves, autoridades federales confirmaron la detención de Ernesto Ruffo Appel y del empresario Ricardo Thompson Navarro, también accionista de Ingemar, durante un operativo realizado en Ensenada, Baja California.

La investigación también está vinculada con el decomiso de los 15 millones de litros de hidrocarburos realizado en patios ferroviarios ubicados en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila, considerado uno de los mayores aseguramientos de combustible de procedencia ilícita en los últimos años.

Según las indagatorias de la FGR, la organización declaraba ante las autoridades aduaneras la importación de productos como aditivos o aceites industriales, cuando en realidad transportaba gasolina y diésel en volúmenes superiores a los reportados.

Las autoridades sostienen que este esquema permitía ocultar millones de litros de hidrocarburos para posteriormente distribuirlos en estaciones de servicio del país, además de reducir la carga fiscal correspondiente mediante declaraciones falsas sobre la naturaleza de la mercancía.

Será durante la audiencia inicial cuando el Ministerio Público Federal exponga los datos de prueba y solicite al juez la vinculación a proceso de los imputados por los delitos que les atribuye.