Uno de los mayores estandartes de la democracia es el voto universal, conseguido después de numerosos movimientos sociales y, en la mayoría de los casos, su costo ha sido alto en vidas humanas. Son destacables en estas luchas, el voto femenino y el voto obrero, campesino y popular en general. El derecho a ejercerlo y a ser votado viene de la mano con el reconocimiento de que quien elige es ciudadan@ de un país, de que tiene edad suficiente para tomar decisiones y, en un aspecto más profundo, es reconocid@ por el sistema como una persona, con todo lo que la palabra significa.
Muy recientemente, un grupo de influencers y políticos de derecha y ultraderecha en nuestro país, están promoviendo el condicionamiento o el rechazo de ese derecho, argumentando que las y los votantes son ignorantes o no tienen la capacidad mental o moral para ejercer ese deber ciudadano.
Por ejemplo, la abogada, Natalia Torres, opina que no cualquiera debería votar y que el INE debería dar “cursos” y certificar a quien los apruebe para poder hacerlo. Por supuesto, detrás de eso está la crítica a quienes supuestamente han votado a favor de la 4T por los apoyos y becas otorgados. Imagino que, para ella, como para los que están de acuerdo con esta postura, el votar por un libertario o un empresario, o por partidos como el PAN o vinculados a la “familia” es en verdad una decisión bien pensada. Razonamiento falaz, sin duda.
Por otro lado, están aquellos que, haciendo eco a un movimiento de mujeres conservadoras en Estados Unidos, pugnan por retirar el voto femenino y promueven el voto “familiar”, por supuesto, encabezado por el “jefe” de familia. El panista Javier Albarrán del Estado de México, fue recientemente foco de atención por proponerlo. Los hombres y mujeres que plantean esto ¿estarán conscientes de la estructura familiar que realmente existe en este país?
De hecho, en el portal del INEGI se dice que “la información del Censo de Población y Vivienda 2020 muestra que, en México, en 33 de cada 100 hogares, las mujeres fueron las jefas del hogar. Esto significa que había 11.5 millones de hogares encabezados por mujeres”. Esta información seguramente ha cambiado a partir de la pandemia y los flujos migratorios constantes que viven nuestros connacionales. ¿Ese voto familiar incluye estas familias monoparentales o ampliadas donde habitan sólo mujeres?
Eufemismos aparte, deberían afirmar abiertamente de que se trata de quitar el voto a las mujeres. Beñat Zaldúa opina para La Jornada, que las “mujeres jóvenes votan más que antes y más a la izquierda, por lo que más que hablar de brecha generacional, desde la ciencia política se habla de brecha de género”; por tanto, la lucha de estos conservadores es por evitar que ellas ejerzan su voto pues mayoritariamente irán a favor de las luchas sociales. Lo mismo sucede con el apoyo popular, de esos que “no saben porque no tienen formación”.
Negar un derecho fundamental como este, indudablemente, representa remover el estatuto de persona a las y los ciudadanos, basándose en prejuicios de clase y de género, dejémonos de sutilezas.
En realidad, los argumentos a favor de semejantes iniciativas son falaces y engañosos, como suele ocurrir con los contenidos en redes sociales; sin embargo, tienden a surtir efecto por los canales en los que se introducen. En este espacio siempre estaré a favor del diálogo y del reconocimiento de las alteridades y su importancia en la construcción de mejores sociedades.
Nunca estaré de acuerdo con la segregación y los retrocesos que semejantes propuestas traen consigo. El voto debe ser universal, libre y ejercido con responsabilidad por las, los y les ciudadan@s de este maravilloso país, repleto de problemas, pero con una larga tradición de luchas democráticas, no lo olvidemos.