La crisis de ingobernabilidad en Acatlán de Osorio ya llegó a la capital del país, pues siete regidores y el síndico municipal, David Fernando Chico, acudieron a Palacio Nacional para entregar formalmente ante la Secretaría de Gobernación (Segob) federal un expediente detallado que documenta presuntas irregularidades, opacidad financiera y amenazas en su contra por parte de la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas, de quien exigen su revocación de mandato.

El cuerpo edilicio opositor afirmó que este viaje responde al mandato directo de los habitantes de la demarcación, quienes mantienen un plantón en el Palacio Municipal desde hace 24 días. Con este acto, los inconformes exigen que la Federación tome cartas en el asunto ante la gravedad del conflicto, acusando nepotismo, anomalías administrativas y reducciones arbitrarias a sus salarios por parte de la presidenta municipal.

Los regidores justificaron la intervención del Gobierno Federal señalando que han sido blanco de hostigamiento, campañas de desprestigio y presuntas amenazas de muerte tras iniciar el proceso de destitución ante el Congreso de Puebla. Además, arremetieron contra las instituciones poblanas al acusar un trato parcial por parte de la Segob estatal y el uso de la Fiscalía General del Estado (FGE) como un "garrote político" para intimidarlos a través de carpetas de investigación.

Aunque a finales de junio comenzó una auditoría extraordinaria a las finanzas de la alcaldesa como un primer acuerdo con el gobierno de Puebla, el Cabildo determinó que el conflicto requería la protección directa de la Federación.

El bloque opositor sentenció que no cederá en sus protestas y que cualquier mesa de negociación con el estado deberá realizarse públicamente en Acatlán y no en la capital poblana, mientras esperan la respuesta del Ejecutivo federal.