El debate en torno a la construcción del nuevo Sistema de Transporte por Cable (Cablebús) en la zona metropolitana de Puebla sumó un actor clave de la escena local: Armando Pliego Ishikawa, quien actualmente encabeza una coalición ciudadana que promueve amparos legales para intentar frenar la obra estatal, cuenta con antecedentes directos en la gestión de la movilidad de la capital poblana, donde diseñó y defendió uno de los proyectos viales más controvertidos de los últimos años.

Durante la administración de la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco, Pliego Ishikawa se desempeñó como funcionario en el área de movilidad del Ayuntamiento de Puebla. Desde dicho cargo, fue el principal impulsor de la colocación masiva de estructuras de confinamiento peatonal en las principales avenidas y en el Centro Histórico, un programa que popularmente se conoció como "la bolardiza".

La instalación de estos dispositivos viales culminó el 10 de enero de 2020, cuando el Cabildo de Puebla votó de manera mayoritaria -22 votos a favor- clausurar definitivamente el programa y retirar las estructuras de la vía pública.

Los propios regidores —tanto de la coalición gobernante de Morena como de la oposición— fundamentaron la cancelación del proyecto en la falta de dictámenes técnicos de factibilidad, la ausencia de un diálogo previo con los sectores vecinales y comerciales, y las quejas ciudadanas por problemas de tránsito.

Actualmente, Pliego Ishikawa se presenta ante medios de comunicación y colectivos como un especialista independiente en temas de transporte, exigiendo al gobierno del estado absoluta transparencia, rigor metodológico y mesas de concertación social antes de continuar con la edificación del teleférico.

Por su parte, el proyecto del Cablebús, impulsado por la administración estatal, cuenta formalmente con un expediente técnico que recopila más de 60 estudios de viabilidad y seis mesas de diálogo abierto con diversos sectores de la población. Asimismo, el avance de la obra y sus proyecciones presupuestales fueron turnados formalmente al Congreso local el pasado 10 de julio a través de un informe de la Coordinación de Gabinete para el análisis de los legisladores.