Los gobiernos federal y del estado de Puebla fueron señalados por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos de desplegar vehículos blindados de tecnología militar de origen israelí durante el operativo de seguridad implementado desde el 29 de junio en San José Chiapa, donde comunidades campesinas e indígenas mantienen un conflicto por la instalación del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECOBI)..

La acusación fue difundida mediante una carta internacional publicada por Nodo de Derechos Humanos, respaldada por decenas de organizaciones, colectivos, académicos, periodistas y activistas de México y otros países.

En el pronunciamiento, los firmantes sostienen que el uso de estos vehículos representa un acto de intimidación contra la población, un uso desproporcionado de la fuerza pública y una presunta violación a compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos humanos.

De acuerdo con la carta, en el operativo participan vehículos Black Mamba APC SandCat, fabricados en México por TPS Armoring y Epel Tácticos, derivados del modelo SandCat desarrollado por la empresa israelí Plasan.

Los firmantes afirman que este tipo de blindados también ha sido utilizado por el Ejército israelí en operaciones en Cisjordania y Gaza, por lo que consideran que su empleo en comunidades campesinas mexicanas vincula al Estado con tecnologías utilizadas en conflictos armados internacionales.

Asimismo, aseguran que desde finales de junio el gobierno de Puebla mantiene un cerco de seguridad con fuerzas especiales en San José Chiapa y acusan al gobernador Alejandro Armenta de ordenar la ocupación de la zona y advertir sobre posibles procesos judiciales contra personas defensoras del territorio.

El conflicto surgió por la instalación del PODECOBI, proyecto promovido por los gobiernos federal y estatal para el manejo y aprovechamiento de residuos. Mientras las autoridades sostienen que la iniciativa generará inversión, empleo y fortalecerá la economía circular, habitantes de la región han manifestado su rechazo al considerar que podría afectar las fuentes de agua, el medio ambiente y las tierras agrícolas, además de denunciar falta de información y de consulta previa a las comunidades.

La carta también cuestiona al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que impulsa políticas que afectan a comunidades campesinas e indígenas bajo el argumento del desarrollo sustentable.

Los firmantes sostienen que el despliegue de equipo táctico contra una comunidad que protesta de forma pacífica contraviene los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y el Acuerdo de Escazú, instrumento internacional que obliga a proteger a las personas defensoras del medio ambiente.

Además, argumentan que México mantiene vínculos con la industria de defensa israelí mediante la producción y utilización de tecnología derivada de diseños desarrollados en ese país, por lo que llaman al Estado mexicano a revisar estas prácticas y cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

El pronunciamiento fue respaldado por organizaciones y colectivos de México, España, Colombia, Uruguay, Grecia, Italia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Haití y Canadá, además de cientos de personas firmantes a título individual.

Hasta el momento de la publicación del documento, ni el Gobierno de México ni el Gobierno de Puebla habían emitido una postura oficial sobre los señalamientos contenidos en la carta.