La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para crear la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con la que busca impulsar una transición gradual del uso de efectivo hacia los pagos digitales.

La propuesta plantea que cualquier persona pueda realizar pagos de manera digital y contempla que la CURP Digital sea aceptada como mecanismo de identificación para contratar servicios financieros.

De acuerdo con la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria el 8 de septiembre de 2026, las personas usuarias podrán elegir entre utilizar la CURP Digital u otro mecanismo de identificación oficial para contratar de manera digital servicios ofrecidos por bancos y sociedades financieras.

La CURP Digital corresponde a la CURP biométrica, que además del código alfanumérico incorpora elementos como huellas dactilares y fotografía, de acuerdo con la Ley General de Población. La emisión de este documento está a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

La iniciativa señala que los pagos digitales ofrecen ventajas frente al uso de efectivo, entre ellas la posibilidad de realizar operaciones en tiempo real desde dispositivos que las personas ya poseen y contar con comprobantes electrónicos para presentar aclaraciones.

También destaca que estas operaciones pueden realizarse de manera inmediata y a distancia, sin depender de horarios ni requerir que las personas involucradas se encuentren en el mismo lugar.

El documento señala que estas características pueden facilitar actividades cotidianas como el envío de dinero a familiares que viven en otra localidad, el pago de servicios, las compras a distancia y la liquidación de obligaciones entre particulares.

La propuesta también sostiene que el desarrollo de sistemas de pago electrónicos puede contribuir a ampliar el acceso a servicios financieros, reducir tiempos y costos de transacción y favorecer la formalización de micro y pequeñas empresas.

Además de la CURP biométrica, la iniciativa contempla el uso del Expediente Digital Ciudadano para la contratación de servicios financieros, siempre que exista consentimiento de la persona titular y se cumpla con la normativa en materia de protección de datos personales.

El Expediente Digital Ciudadano es definido por la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos como el conjunto de documentos digitales asociados a una persona que pueden ser utilizados por sujetos obligados competentes para resolver trámites, servicios y otros actos jurídicos y administrativos.