Habitantes de Santa María la Alta, comunidad perteneciente al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, se manifestaron este viernes frente a la nueva sede de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración de Puebla para exigir la entrega de recursos federales que, aseguran, permanecen retenidos y han frenado obras de infraestructura en la localidad.

Los inconformes, integrantes del pueblo originario nahua, denunciaron presunta discriminación institucional y la falta de reconocimiento a las autoridades tradicionales que fueron electas mediante asamblea comunitaria, situación que, afirmaron, ha impedido el acceso a recursos públicos.

Alberto Dolores Flores, consejero nacional de los pueblos indígenas, explicó que la protesta responde al presunto incumplimiento de resoluciones judiciales emitidas desde 2019, las cuales —aseguró— reconocen el derecho de la comunidad a administrar directamente su presupuesto.

De acuerdo con los representantes comunitarios, el Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez mantiene retenidos recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), destinados a atender rezagos en comunidades con altos niveles de marginación.

Los pobladores acusaron al presidente municipal, Martín Camargo, de mantener una exclusión sistemática hacia las comunidades indígenas y de negarse a reconocer a las autoridades comunitarias. También señalaron que el gobierno municipal argumenta que requiere una instrucción del Tribunal Electoral o de la Secretaría de Finanzas para liberar los recursos.

Ante esta situación, informaron que acudirán al Tribunal Electoral para dar seguimiento a la resolución emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual otorgó un plazo de tres días para definir el cumplimiento de la sentencia relacionada con el caso.

Los manifestantes también reclamaron la asignación directa de recursos de los Ramos 28 y 33, al sostener que Santa María la Alta tiene derecho a administrar de forma directa recursos federales, estatales y otras partidas presupuestales como comunidad indígena originaria. Asimismo, indicaron que presentaron quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para fortalecer la defensa legal de la comunidad.

Los representantes comunitarios señalaron que también impulsan el reconocimiento de Santa María la Alta como municipio indígena autónomo, con el propósito de garantizar su identidad, autogobierno y derecho a la libre determinación.

Durante la manifestación, elementos de la Policía Estatal y de Proximidad Vial resguardaron el inmueble, mientras una comisión de habitantes ingresó a las oficinas de la dependencia estatal para sostener una mesa de diálogo con autoridades.