Tras una ola de inconformidades, comunicados de rechazo y movilizaciones encabezadas por académicos del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades "Alfonso Vélez Pliego" y la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, la administración central de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) dio un viraje estratégico. 

La rectora Lilia Cedillo Ramírez anunció la suspensión de la consulta programada para el 28 de octubre, en la que se pretendía someter a votación las modificaciones al régimen de jubilaciones y pensiones pactadas entre la Rectoría y la dirigencia de la ASPABUAP.

En conferencia de prensa desde el Complejo Cultural Universitario este viernes 23 de octubre de 2026, Cedillo argumentó que el aplazamiento responde a una solicitud del líder sindical Carlos Armando Ríos Acevedo para integrar un padrón legal que permita votar a la totalidad de los docentes activos de la institución, sin importar su afiliación gremial. 

El convenio en disputa —que planteaba aumentos graduales a las cuotas de los trabajadores y ajustes a las condiciones de jubilación— enfrentó duras críticas por la falta de transparencia en sus corridas financieras y por la exclusión inicial de un amplio sector de la comunidad universitaria.

Como parte de las medidas para contener la tensión política y responder al descontento social dentro de las facultades, la rectora adelantó que presentará ante el Consejo Universitario un paquete de mejoras laborales dirigido a los profesores hora-clase, sector que representa el 70 por ciento de la plantilla docente de la BUAP. 

Entre las propuestas destaca un incremento salarial del 10 por ciento al tabulador por hora, la ratificación de su bono anual y el acceso a derechos de representación política para postularse como consejeros de unidad o integrar cuerpos de investigación y secretarías académicas.

Asimismo, se alista la consulta de un nuevo reglamento para la asignación transparente de cargas horarias y una acción afirmativa que otorgará prioridad a docentes madres de menores de 12 años en la elección de sus horarios. Pese al anuncio de estas compensaciones, la fecha definitiva para la votación de la reforma de pensiones continúa en el aire, supeditada a los plazos legales que fije la universidad y al desenlace de las mesas de trabajo solicitadas por la comunidad académica.