La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) canceló las fichas rojas de búsqueda internacional contra la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes eran buscados desde 2021 por las autoridades mexicanas. La decisión entró en vigor el 25 de septiembre de 2026, aunque se dio a conocer públicamente días después.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el retiro de las alertas durante su conferencia matutina del 30 de septiembre y adelantó que el Gobierno de México solicitaría a Interpol una explicación sobre los motivos de la resolución, además de buscar que el mecanismo de localización internacional sea reactivado.
De acuerdo con información publicada por medios nacionales, la cancelación ocurrió después de que la defensa legal de Gómez Mont y Álvarez Puga presentara una solicitud para revisar las notificaciones. Entre los argumentos expuestos se encuentran presuntas vulneraciones al debido proceso, el posible carácter político de la persecución judicial y los riesgos relacionados con la prisión preventiva oficiosa.
El retiro de las fichas rojas no elimina las órdenes de aprehensión emitidas en territorio mexicano ni cancela automáticamente las investigaciones en curso. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene los requerimientos judiciales contra ambos, relacionados con presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros señalamientos fiscales.
El Gobierno federal ha manifestado su intención de solicitar que las alertas internacionales sean restablecidas y conocer los fundamentos de la determinación de Interpol.
Las investigaciones de la FGR se relacionan con un presunto esquema de operaciones financieras irregulares mediante empresas que habrían simulado servicios y utilizado facturas falsas para movilizar recursos.
Según los señalamientos difundidos sobre el caso, el supuesto esquema estaría relacionado con contratos para servicios y equipamiento de centros penitenciarios federales, por un monto cercano a los 2 mil 950 millones de pesos. Las imputaciones incluyen presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.
La cancelación de las fichas rojas representa un cambio en los mecanismos de búsqueda internacional, pero no pone fin al caso judicial en México. Mientras el Gobierno federal busca conocer las razones de la decisión y gestionar la reactivación de las alertas, la situación legal de Gómez Mont y Álvarez Puga permanece sujeta a los procedimientos y resoluciones de las autoridades competentes.
