En un hecho inédito para el sistema de justicia mexicano, un juez de control federal con sede en Almoloya de Juárez vinculó a proceso al exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, por la presunta comisión del delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional. 

Tras una audiencia maratónica en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, el juzgador Alfonso Santos Dorantes ratificó además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el exfuncionario chihuahuense permanecerá recluso en el penal de máxima seguridad del Altiplano mientras se desarrolla la investigación complementaria.

La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, presentó más de 150 datos de prueba para sostener que Jáuregui incurrió en violaciones graves a la soberanía nacional al haber autorizado o facilitado la intervención ilegal de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo antidrogas realizado en abril de 2026 en el laboratorio clandestino "El Pinal", en la sierra de Morelos, Chihuahua. 

La acusación federal sostiene que el extitular de la fiscalía sobrepasó los límites constitucionales al permitir el libre tránsito y actuación operativa de fuerzas de inteligencia extranjeras en territorio nacional sin el conocimiento ni el aval del Gobierno Federal.

Tras la resolución judicial, la defensa técnica del exfuncionario, encabezada por el abogado José Ramón Flores, calificó la decisión como infundada y anunció que recurrirá a las vías legales correspondientes para impugnar la vinculación. 

La representación legal argumentó que si bien Jáuregui tenía conocimiento de los despliegues operativos entre la Sedena y las fuerzas locales en la Sierra Tarahumara, no existió una autorización explícita ni un aval consciente para el ingreso de personal de la CIA al perímetro de combate al crimen organizado.

El caso, que se suma a la vinculación a proceso dictada días atrás por el delito de ejercicio indebido del servicio público, ha detonado una severa fricción entre la administración federal y el gobierno de Chihuahua. Mientras la FGR enfatiza que la presencia no regulada de agentes extranjeros vulnera el orden constitucional, el equipo legal insistió en que el auto de vinculación se basó en deducciones institucionales y no en evidencias contundentes sobre la probable responsabilidad del imputado.