La investigación sobre la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo contra laboratorios clandestinos en Chihuahua apunta a la posible participación de cuatro integrantes de esa agencia y al papel que habría desempeñado Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas, como facilitador de su acceso a instalaciones y actividades de la Fiscalía estatal.

De acuerdo con información de la carpeta de investigación citada por El País, los agentes estadounidenses mantenían contacto con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) desde al menos seis meses antes del operativo realizado entre el 17 y el 18 de abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos.

Aunque la versión difundida por las autoridades sostiene que los agentes extranjeros no participaron directamente en el desmantelamiento de los laboratorios, los documentos recabados presuntamente muestran que su presencia en Chihuahua era habitual y que habían intervenido en actividades de capacitación, adiestramiento y planeación.

El caso adquirió relevancia nacional después de que dos agentes de la CIA y dos funcionarios de Chihuahua murieran en un accidente carretero cuando regresaban del operativo. La controversia derivó en una crisis entre el Gobierno federal y la administración estatal encabezada por María Eugenia Campos.

Zuany Portillo asumió la titularidad de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas el 5 de septiembre de 2025, después de desempeñarse en la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Ambas dependencias estaban bajo la estructura de la Fiscalía estatal, entonces encabezada por César Jáuregui Moreno.

Su nombramiento fue presentado por la FGE como un reconocimiento a su trayectoria en investigaciones relacionadas con secuestros y extorsiones. Sin embargo, meses después se vio envuelto en una controversia por el retiro temporal de su visa estadounidense, situación que derivó en su separación del cargo y, posteriormente, en su reinstalación tras recuperar el documento.

La investigación también busca esclarecer la relación que habría mantenido con los agentes estadounidenses y las condiciones en las que estos ingresaban a las instalaciones de la Fiscalía.

Según los datos citados por El País, existen documentos que ubicarían a los cuatro agentes en el complejo de la institución desde enero. Además, videos del 17 de abril mostrarían su salida rumbo a El Pinal con uniformes tácticos de las fuerzas estatales, armas de cargo y equipo especializado, incluido material para operar drones.

Uno de los registros, de acuerdo con fuentes cercanas al expediente, mostraría a Zuany discutiendo con Jáuregui dentro de las instalaciones de la Fiscalía. Ninguno de los dos habría participado directamente en el operativo, aunque sí lo hizo el entonces director de la AEI, Pedro Ramón Oseguera Cervantes.

La información señala que Oseguera viajó en un vehículo acompañado por dos agentes de la CIA, mientras los otros dos estadounidenses se trasladaron en vehículos de escolta.

Zuany se encuentra en paradero desconocido desde mediados de mayo, después de renunciar y desalojar su oficina. En su contra se habría emitido una orden de aprehensión por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y falsedad de declaraciones ante autoridades.

La Fiscalía de Chihuahua informó el 19 de abril que el despliegue en el municipio de Morelos permitió localizar dos campamentos en los que se encontraban seis laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas. En aquel momento, Jáuregui calificó el hallazgo como uno de los más grandes registrados en el país.

De acuerdo con el reporte oficial, participaron personal de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, agentes de la AEI y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes fueron notificados cuando los funcionarios estatales ya se encontraban en la zona para solicitar apoyo perimetral.

El entonces fiscal estatal reconoció que el lugar no fue asegurado formalmente hasta que se dio aviso a la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, no informó públicamente sobre la presencia de agentes de la CIA o de personal de la embajada estadounidense.

La investigación citada por El País refiere que los participantes encontraron los campamentos prácticamente abandonados y que no enfrentaron resistencia. Tras localizar los laboratorios, notificaron a las fuerzas federales y dejaron el sitio bajo resguardo militar.

El accidente ocurrió cuando el vehículo en el que viajaban Oseguera y dos agentes de la CIA se salió del camino en un paraje conocido como Polanco, en el municipio de Batopilas, en una zona cercana a Morelos. El automóvil cayó por un barranco de aproximadamente 200 metros. La presencia de bidones de gasolina que transportaban para abastecerse durante el recorrido habría contribuido a una explosión, según los detalles de la investigación.

En el percance murieron los agentes estadounidenses Richard Leiter Johnston III, de 35 años, y John Dudley Black, de 43, además de Oseguera y otro funcionario estatal. Los otros dos agentes de la CIA y las personas que viajaban en el segundo vehículo descendieron por el barranco para recuperar los cuerpos, que posteriormente fueron trasladados en avioneta a la ciudad de Chihuahua.

El expediente también atribuye a Zuany una presunta instrucción para recuperar las pertenencias de los agentes estadounidenses fallecidos.

La presencia de personal de la CIA en una operación antinarcóticos sin que, según el Gobierno federal, se hubiera informado previamente al Gabinete de Seguridad generó cuestionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum a la gobernadora María Eugenia Campos.

El conflicto político escaló con acusaciones de posibles irregularidades y traición a la patria, mientras que desde otros sectores se plantearon señalamientos sobre presuntos vínculos entre autoridades y el crimen organizado.

El 25 de abril, Campos anunció la creación de una Unidad Especializada para investigar los hechos. El organismo recabó documentos, fotografías, videos y testimonios de 45 funcionarios durante los meses posteriores al accidente. Dos días después de la creación de esa unidad, Jáuregui renunció a la Fiscalía estatal y reconoció su responsabilidad por no haber informado sobre la presencia de funcionarios extranjeros en el operativo.

El caso tuvo un nuevo avance con la vinculación a proceso de Jáuregui por el delito de ejercicio indebido del servicio público, dentro de la causa penal 3055/2026, según la información difundida sobre la audiencia celebrada en Chihuahua.

El juez Luis Alberto Pimental consideró que existen datos de prueba suficientes para que el exfiscal enfrente el proceso por ese delito. En cambio, determinó que no había elementos para acreditar la imputación de coalición que también se le atribuía en el ámbito local.

Al salir de la audiencia, el abogado defensor Héctor Villasana rechazó la resolución y sostuvo que la imputación carece de sustento probatorio suficiente. También afirmó que su cliente es víctima de una persecución política. El litigante cuestionó que se infiera que Jáuregui conocía la participación de los agentes estadounidenses únicamente por las reuniones que sostuvo con responsables de las áreas de investigación y operaciones estratégicas.

La FGR también ha señalado a Jáuregui por presunta traición a la patria, de acuerdo con la información citada en el caso. Las distintas imputaciones y los elementos reunidos deberán ser examinados por las autoridades judiciales, mientras continúa la investigación sobre la presencia de agentes estadounidenses y las responsabilidades de los funcionarios involucrados.