Empresarios y comerciantes denunciaron una presunta reaparición de las llamadas “madrinas”, personas que se hacen pasar por funcionarios o aseguran tener contactos en corporaciones de seguridad para intimidar y exigir dinero a cambio de evitar supuestas investigaciones criminales.

De acuerdo con seis denuncias presentadas entre julio y septiembre de 2026 en distintas entidades del país, los individuos habrían exigido cantidades millonarias bajo amenazas de fabricar delitos relacionados con delincuencia organizada, huachicol y lavado de dinero.

En cinco de los seis expedientes revisados por EL UNIVERSAL se menciona a César Oliveros Aparicio, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), así como a tres personas identificadas en las denuncias como Luis Alberto Ortega Nazar, Christian Durán Ponce y José Roberto López Uscanga.

Los denunciantes señalaron que los presuntos extorsionadores utilizaban el nombre de Oliveros Aparicio o afirmaban actuar bajo sus instrucciones para dar credibilidad a las amenazas. Ante estos señalamientos, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que no encontró registros laborales de las personas mencionadas en las denuncias, ni en la FEMDO ni en otras áreas de la institución.

En una tarjeta informativa, la dependencia indicó que el titular de la FEMDO presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos contra quien resulte responsable, con el objetivo de que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.

La FGR sostuvo que cualquier señalamiento debe investigarse conforme a derecho, con objetividad, imparcialidad y respeto al debido proceso.

Uno de los casos reportados ocurrió el 8 de julio en Guadalupe, Nuevo León. Según la denuncia, cuatro individuos acudieron a un negocio y exigieron 2.5 millones de pesos, bajo la amenaza de involucrar al propietario en delitos relacionados con delincuencia organizada, huachicol y otras actividades ilícitas.

El 15 de julio, en Torreón, Coahuila, otra denuncia señaló que tres sujetos solicitaron cinco millones de pesos en efectivo para evitar una supuesta investigación por huachicol. En ese expediente aparecen los nombres de Ortega Nazar, Durán Ponce y López Uscanga.

En Cuautitlán Izcalli, Estado de México, una denuncia presentada el 22 de julio refiere una exigencia de seis millones de pesos por parte de hombres que supuestamente actuaban en nombre de la Fiscalía de la Ciudad de México. El denunciante aseguró que entregó el dinero ante las amenazas de ser investigado por lavado de dinero, delincuencia organizada y huachicol, aunque las exigencias habrían continuado.

En CDMX también se documentaron otros señalamientos. Una denuncia presentada en Cuajimalpa el 28 de agosto describe amenazas de fabricar una investigación contra un empresario de Santa Fe. Otro expediente, fechado el 18 de septiembre en la alcaldía Miguel Hidalgo, vuelve a mencionar a Oliveros Aparicio y a un individuo presuntamente armado.

Finalmente, una denuncia presentada el 29 de septiembre en Benito Juárez refiere que los visitantes afirmaron haber sido enviados por una persona conocida como “El Profe” y portaban tres armas que el denunciante consideró oficiales.

Los hechos descritos forman parte de las denuncias presentadas por los afectados; corresponde a las autoridades investigar y determinar si existió responsabilidad penal y si hubo participación de personas vinculadas con alguna institución.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también ha señalado los efectos de la inseguridad sobre la actividad empresarial. Durante la presentación de resultados de DataCoparmex en agosto, su presidente nacional, Juan José Sierra Álvarez, destacó la importancia de contar con condiciones de seguridad, certeza jurídica e instituciones confiables para que las empresas puedan invertir, contratar personal y crecer.

De acuerdo con los datos presentados por la organización, 45.6% de sus empresas socias afirmó haber sido víctima de algún delito. La extorsión encabezó la lista de ilícitos reportados, con 18%, seguida del robo de mercancía en tránsito, con 17.9%.

Coparmex también informó que, dentro de los casos de extorsión registrados, 19.6% de los cobros fueron atribuidos a autoridades o personas que aparentaban serlo. Además, 58.7% de las empresas señaló haber incrementado sus gastos en seguridad, recursos que podrían destinarse a inversión, nómina o expansión.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que entre enero y septiembre de 2026 se registraron 8,080 denuncias por extorsión ante los ministerios públicos del fuero común.

El dato representa un incremento de 95% respecto al mismo periodo de una década atrás y equivale a un promedio de 29.6 denuncias diarias en el país. Los casos denunciados por empresarios muestran una modalidad de intimidación en la que los presuntos responsables recurrirían a la suplantación de funcionarios o a supuestos vínculos con autoridades para exigir dinero.

Mientras la FGR informó que no existe registro laboral de las personas señaladas y confirmó la presentación de una denuncia ante Asuntos Internos, las investigaciones deberán esclarecer los hechos y determinar quiénes participaron en las presuntas extorsiones.