Una presunta falla técnica en la plataforma de videoconferencias Webex obligó al Juzgado Cuarto de Distrito en Quintana Roo a diferir la audiencia de vista para sentencia en el proceso contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

La diligencia, pactada para este martes 20 de octubre de 2026, pondría frente a frente de manera virtual al exmandatario estatal —conectado desde el penal de máxima seguridad del Altiplano— y a la comunicadora —quien comparecería desde su exilio en España—, en un trámite clave para dar paso a la resolución definitiva del juzgador.

La organización Artículo 19 denunció la anomalía logística luego de que la defensa legal de la periodista intentó ingresar a la sesión virtual y encontró que la cuenta del organizador en el sistema del Poder Judicial de la Federación (PJF) aparecía inhabilitada. Si bien en un inicio se argumentó un corte eléctrico en la sede judicial, el fallo en la plataforma impidió desahogar los alegatos de conclusión.

Tanto Cacho como la organización internacional recriminaron que, a más de dos décadas de los hechos ocurridos en diciembre de 2005 tras la publicación del libro Los demonios del Edén, persistan fallas institucionales que dilatan el acceso a una justicia integral y la reparación del daño.

La audiencia suspendida representa el cierre de la etapa de debate procesal, punto en el que el juez de la causa debe valorar los argumentos orales y escritos para dictar un fallo condenatorio o absolutorio contra el exgobernador de Puebla. Cacho reveló que había solicitado formalmente la apertura de la sesión a medios de comunicación y observadores internacionales para garantizar la transparencia del acto judicial, denunciando la falta de garantías que prevalece sobre su caso y que la ha mantenido fuera de México desde que su domicilio fue allanado en 2019.

Hasta el momento, el Juzgado Cuarto de Distrito no ha precisado la fecha para el diferimiento de la audiencia. Artículo 19 advirtió que cada año de dilación procesal refuerza la impunidad en las agresiones contra periodistas, especialmente cuando se encuentran involucradas figuras de alto perfil político y económico.