A 12 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la investigación dio un giro hacia el entramado forense y municipal que operó la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Las nuevas indagatorias —encabezadas por el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial del caso, Mauricio Pazarán— se sustentan en un reanálisis de más de 80 mil cruces de llamadas telefónicas y diversos cateos que derivaron en cuatro vertientes no profundizadas en sexenios anteriores: el rastreo de comunicaciones, el uso posterior de los celulares de las víctimas, la revisión documental y la destrucción deliberada de evidencias en el Poder Judicial local.

Bajo esta última línea se concretó la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, acusado por la presunta ocultación y borrado de las videograbaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, un punto crítico donde ocurrió la interceptación y captura de un grupo de normalistas.

El hallazgo de mayor impacto apunta al aseguramiento de la funeraria El Ángel y el Servicio Médico Forense (Semefo) anexo en Iguala. Según la Fiscalía General de la República (FGR), ambos recintos funcionaban bajo la estructura operativa de Guerreros Unidos a través de su propietario, Rodolfo Rueda, aprehendido en junio pasado y quien mantuvo contacto directo con jefes policiales y delincuentes durante la noche del ataque.

En las inspecciones realizadas entre 2025 y 2026, las autoridades localizaron un horno crematorio clandestino sin registro oficial, restos óseos calcinados en colchones, un fémur oculto en un cajón y cientos de fragmentos biológicos enterrados en el patio trasero que actualmente son sometidos a estudios genéticos. Además, se aseguraron certificados de defunción y autorizaciones de inhumación en blanco con sellos oficiales, un mecanismo utilizado para legalizar muertes violentas haciéndolas pasar por causas naturales.

El peritaje telefónico reveló además que los dispositivos móviles de al menos cuatro normalistas continuaron activos días después de su desaparición. El teléfono de Julio César Mondragón —estudiante asesinado y desollado en la jornada de violencia— fue utilizado por el propio dueño de la funeraria.

En tanto, los equipos de los jóvenes Jorge Antonio Tizapa, Jorge Aníbal Cruz e Israel Caballero terminaron en manos de exmandos de Tránsito de Iguala, agentes municipales y familiares de José Ulises Bernabé, exoficial de barandilla que hoy se encuentra refugiado en Estados Unidos.

Aunque las autoridades federales remarcan que existen 17 militares procesados por su presunta vinculación individual con el crimen organizado, las familias insisten en que la negativa de la Sedena sobre los archivos faltantes mantiene una sombra de opacidad sobre la participación institucional del Ejército.