La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) permitirá que Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, disponga de una parte de los recursos que mantiene en sus cuentas bancarias, luego de una resolución judicial que ordenó respetar el carácter inembargable de sus pensiones.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la suspensión provisional concedida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) autoriza al exmandatario estatal a recibir exclusivamente los ingresos correspondientes a sus pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez.

Los recursos que podrá utilizar provienen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

La UIF aclaró que la resolución no representa el desbloqueo generalizado de las cuentas bancarias de Rocha Moya, sino una excepción para garantizar el acceso a los ingresos protegidos por la legislación. Sin embargo, las restricciones financieras continuarán vigentes para los demás recursos y operaciones bancarias que no estén contemplados en la resolución judicial. Por lo tanto, Rocha Moya no podrá disponer libremente de la totalidad de su patrimonio mientras permanezcan las medidas impuestas por la UIF.

De acuerdo con información publicada por el periodista Arturo Ángel en Milenio, la resolución de la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA permitió reactivar dos cuentas bancarias en las que el gobernador con licencia recibe sus tres pensiones.

El bloqueo de los recursos financieros de Rubén Rocha Moya se remonta a mayo de 2026, cuando la UIF lo incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas. Según información publicada por Infobae el 13 de noviembre, el exmandatario promovió inicialmente un procedimiento administrativo para solicitar su exclusión de dicha lista, pero recibió una respuesta desfavorable el 4 de agosto.

Posteriormente, sus representantes legales acudieron al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde consiguieron una suspensión que permitió liberar exclusivamente las cuentas destinadas al depósito de sus pensiones. El procedimiento de fondo continúa pendiente de resolución.