La inseguridad y la delincuencia provocaron que el 14.5% de los establecimientos económicos de México cancelara planes de inversión durante 2025, mientras que los costos asociados a estos problemas alcanzaron los 115,100 millones de pesos, equivalentes al 0.46% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026, presentada el 10 de noviembre, la extorsión se posicionó como el delito más recurrente contra el sector empresarial, en un contexto en el que los negocios también han tenido que modificar sus operaciones para reducir los riesgos de ser víctimas de la delincuencia.

El organismo detalló que el 51.2% del costo económico generado por la inseguridad correspondió a medidas preventivas adoptadas por los establecimientos, mientras que el 48.8% restante derivó directamente de las pérdidas ocasionadas por los delitos.

Entre las principales modificaciones operativas, el 19.2% de los negocios redujo o dejó de utilizar efectivo; el 17.6% disminuyó sus horarios de producción o venta; el 8.2% dejó de realizar operaciones comerciales con otras empresas y el 5.7% canceló rutas de distribución. Estas decisiones fueron tomadas tanto por establecimientos que ya habían sufrido algún delito como por aquellos que buscaron anticiparse a posibles situaciones de riesgo.

El impacto de la inseguridad también presentó diferencias entre las entidades federativas. Tabasco registró la mayor proporción de establecimientos que suspendieron sus planes de inversión, con 32.1%; seguido de Morelos, con 27.4%, y Puebla, que alcanzó el 23.9%. La cifra coloca a la entidad poblana entre las tres con mayor porcentaje de negocios que modificaron sus proyectos de crecimiento por motivos relacionados con la delincuencia.

En cuanto a la incidencia delictiva, el Inegi estimó que durante 2025 se cometieron tres millones de delitos contra aproximadamente 1.4 millones de establecimientos económicos, lo que representa un promedio de 2.2 ilícitos por cada negocio víctima. Aunque la proporción de establecimientos afectados disminuyó de 27.2% en 2023 a 25.9% en 2025, el número de negocios víctimas pasó de aproximadamente 1.3 a 1.4 millones.

Los establecimientos medianos registraron el mayor porcentaje de victimización, con 51.9%, seguidos de los grandes, con 48.4%. Por actividad económica, el comercio concentró la mayor proporción de negocios afectados, con 30.5%.

La extorsión encabezó los delitos cometidos contra las unidades económicas, con aproximadamente 787 mil casos durante 2025. De estos, el 91%, equivalente a unos 716 mil hechos, se realizó mediante llamadas telefónicas.

La incidencia de este ilícito alcanzó 1,467 casos por cada 10 mil establecimientos. Le siguieron el robo hormiga, con 954, y el robo o asalto de bienes o dinero, con 885 casos por cada 10 mil negocios. En conjunto, estas tres modalidades concentraron el 59% de los delitos registrados.

Otro de los problemas identificados fue la falta de denuncia. Según la encuesta, únicamente el 9.9% de los delitos fue denunciado y apenas el 8.2% derivó en una carpeta de investigación, mientras que el 91.8% quedó dentro de la llamada cifra oculta. Entre los casos que sí llegaron a una investigación, el 46.4 %  permanecía en trámite y en el 29% de las situaciones los establecimientos señalaron que no ocurrió nada después de presentar su denuncia.

La encuesta también documentó la percepción de inseguridad entre marzo y mayo de 2026. Durante ese periodo, el 71.2% de los establecimientos consideró inseguro vivir y desarrollar actividades económicas en su entidad, mientras que el 54.8% manifestó preocupación por trasladar mercancías a través de las carreteras.

La inseguridad fue identificada como el principal problema para el 57.1% de los negocios. Además, el 70.5% consideró corrupta a la policía de tránsito municipal, mientras que la Marina obtuvo la mayor percepción de efectividad entre las instituciones de seguridad, con el 88%.

Los resultados de la ENVE 2026 muestran que, además de las pérdidas económicas directas, la delincuencia representa un obstáculo para la operación y expansión de los establecimientos en México, particularmente por los cambios que obliga a implementar en sus inversiones, horarios y cadenas de distribución.