El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aseguró más de 1.5 millones de artículos pirata y falsificados en México desde junio de 2025, con un valor estimado de casi 34 millones de pesos, informó su director general, Vidal Llerenas Morales.

Los resultados forman parte de las acciones del organismo para frenar la comercialización de mercancías que infringen los derechos de propiedad intelectual, mediante operativos coordinados con dependencias federales como la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, las autoridades aduaneras y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Durante su participación en un encuentro sobre observancia de los derechos de propiedad intelectual, Llerenas detalló que, en el periodo referido, el instituto realizó 1,994 visitas de inspección. De estas, 1,381 fueron iniciadas por decisión de la autoridad y 613 se llevaron a cabo a petición de particulares.

El funcionario agregó que el IMPI participó en 36 operativos contra la piratería en 12 entidades del país, además de ejecutar 29 medidas en las fronteras para impedir el ingreso y la comercialización de productos que vulneran los derechos de propiedad intelectual.

Como parte de la estrategia contra el comercio ilegal, el instituto pretende reforzar las inspecciones en aduanas, bodegas y centros de distribución, debido a que estos espacios permiten detectar y asegurar mayores cantidades de mercancía falsificada. “Uno de nuestros objetivos de la estrategia es fortalecer las intervenciones en aduanas, bodegas y centros de distribución, donde las autoridades pueden realizar aseguramientos de mayores volúmenes de mercancías ilegales”, señaló Vidal Llerenas.

El titular del IMPI también adelantó que mantienen conversaciones con las principales plataformas de comercio electrónico para agilizar los mecanismos de identificación y retiro de publicaciones que ofrecen productos falsificados.

La intención es simplificar la colaboración con las empresas tecnológicas y sus procedimientos internos, de manera que puedan atender con mayor rapidez los reportes sobre artículos que presuntamente infringen derechos de propiedad intelectual.

Llerenas consideró necesario ampliar la cooperación con proveedores de servicios de internet y compañías especializadas en inteligencia e identificación de mercancías apócrifas. Aunque el instituto cuenta con facultades para intervenir, sostuvo que requiere el respaldo de actores privados para fortalecer estas acciones.

Otro de los objetivos del organismo consiste en mejorar la coordinación con las autoridades responsables de investigar y perseguir posibles delitos, a fin de facilitar que los expedientes relacionados con la piratería puedan avanzar hacia instancias judiciales.

El director general advirtió que las consecuencias de la falsificación no se limitan a las pérdidas económicas que enfrentan las empresas titulares de marcas y derechos. También pueden representar riesgos para los consumidores, especialmente cuando se trata de productos que comprometen la salud, la seguridad o la protección de datos personales.

Por ello, el IMPI busca ampliar sus acciones tanto en los puntos físicos de venta y distribución como en los espacios digitales donde se comercializan mercancías falsificadas.