La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio por posibles irregularidades en el uso de recursos públicos y procesos de contratación del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

En un comunicado, la institución encabezada por Aureliano Hernández Palacios Cardel informó que las indagatorias también abarcan a funcionarios, empresas y proveedores relacionados con las contrataciones bajo revisión.

La ASF señaló que ya cuenta con elementos e indicios que apuntan a posibles anomalías en diversos procedimientos, entre ellas presuntos conflictos de interés, acuerdos entre participantes de licitaciones y triangulación de recursos. “A la fecha, ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos”, indicó el organismo fiscalizador.

La apertura de la investigación ocurre después de que distintos medios de comunicación, entre ellos EL UNIVERSAL y Reforma, publicaran señalamientos sobre posibles anomalías financieras y presuntos desvíos de recursos en la asignación de contratos públicos.

Por ahora, el inicio de las indagatorias no significa que las irregularidades estén acreditadas ni que se hayan determinado responsabilidades. Los resultados deberán establecer si existieron faltas y, en su caso, las consecuencias correspondientes.

La investigación de la ASF coincide con los llamados de la presidenta Claudia Sheinbaum para que se aclaren los señalamientos contra el organismo electoral, encabezado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei. Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que no debe existir ninguna sospecha de corrupción en el INE y pidió que se realicen las auditorías necesarias para transparentar los procedimientos cuestionados.

Sheinbaum ha dejado en manos de Taddei la decisión sobre una eventual renuncia o licencia, mientras insiste en que las acusaciones deben investigarse y que se expliquen los hechos que han sido difundidos públicamente.

La polémica se intensificó tras publicaciones periodísticas sobre una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a siete empresas proveedoras de materiales electorales. Algunas de ellas han sido relacionadas con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, con quien la consejera presidenta presuntamente mantiene cercanía.

Los señalamientos publicados apuntan a posibles esquemas de simulación de competencia en licitaciones, vínculos entre sociedades mercantiles y movimientos de recursos entre empresas. Estas versiones forman parte de las acusaciones que deberán ser esclarecidas y no constituyen, por sí mismas, una determinación de responsabilidad.

Ante los cuestionamientos, Taddei ha rechazado que su administración favorezca a determinadas empresas y ha defendido la legalidad de los procesos de contratación del instituto. La consejera presidenta también ha impulsado medidas de transparencia, entre ellas la creación de un portal para facilitar el acceso a información pública, y ha sostenido que los procedimientos han estado sujetos a fiscalización.

Sin embargo, las dudas sobre las relaciones entre proveedores y personas del entorno de la dirigencia del INE han mantenido la presión política sobre el organismo. Partidos de oposición han exigido que Taddei deje el cargo, de manera definitiva o temporal, mientras se aclaran los señalamientos.

La intervención de la ASF se produce mientras el INE avanza en los preparativos para las elecciones intermedias de 2027, en las que la institución tendrá un papel central en la organización y supervisión de los comicios.

Además de determinar si hubo irregularidades en el manejo de recursos públicos y en la asignación de contratos, las indagatorias podrían establecer si existen elementos para iniciar procedimientos administrativos o, en su caso, dar vista a las autoridades competentes.

El alcance de la investigación y sus resultados serán determinantes para conocer si las anomalías señaladas derivan en responsabilidades. Mientras tanto, la ASF deberá esclarecer los hechos con base en la documentación y las pruebas que recabe, en tanto que el INE enfrenta nuevas exigencias de transparencia y rendición de cuentas.