La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una nueva etapa en las investigaciones por presuntas irregularidades en las contrataciones públicas del Instituto Nacional Electoral (INE), al incorporar la colaboración directa de personas que buscan obtener una reducción de sanciones a cambio de proporcionar información y pruebas sobre los hechos.

El organismo fiscalizador, encabezado por Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que comenzó a aplicar el denominado Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, mecanismo contemplado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

A través de un comunicado, la ASF explicó que ha recibido testimonios y diversos elementos de personas que conocen el funcionamiento de las presuntas irregularidades en las contrataciones de bienes y servicios realizadas durante varios años por organismos electorales.

Según el órgano auditor, la información recabada ha permitido identificar indicios de que los beneficiarios finales de algunas empresas proveedoras habrían intervenido directamente en la selección de compañías y en la elaboración de requisitos técnicos para orientar las adjudicaciones en favor de sus propios intereses.

Estas compañías han sido señaladas por presuntamente conformar un duopolio en las contrataciones del INE, situación que forma parte de las indagatorias sobre posibles actos de corrupción y conflictos de interés. La dependencia destacó que, por primera vez, desarrolla investigaciones de este tipo mediante la colaboración directa de informantes que estuvieron relacionados con las empresas, sus beneficiarios finales, funcionarios públicos y otras personas u organismos vinculados con el instituto electoral.

De acuerdo con la Auditoría Superior, los colaboradores han proporcionado distintos materiales que podrían ayudar a reconstruir la manera en que operaban las presuntas irregularidades en los procesos de contratación.

Entre las evidencias recibidas se encuentran:
- Testimonios de personas con conocimiento de las operaciones.
- Documentos relacionados con las contrataciones.
- Fotografías y videos.
- Información financiera.
- Domicilios vinculados con las personas o empresas investigadas.
- Mensajes y conversaciones de WhatsApp.
- Nombres y alias de presuntos involucrados.
Con estos elementos, la ASF busca ampliar el alcance de las investigaciones y determinar quiénes participaron en las operaciones, así como identificar el destino de los recursos públicos involucrados.

El organismo aseguró que continuará recopilando información para establecer las responsabilidades administrativas correspondientes y promover las sanciones que procedan contra quienes resulten responsables. Hasta el momento, la Auditoría no ha presentado conclusiones definitivas sobre las personas o empresas señaladas, por lo que las posibles responsabilidades continúan bajo investigación.

El mecanismo está sustentado en los artículos 88 y 89 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que contemplan beneficios para personas que reconozcan su participación en faltas administrativas y colaboren con las autoridades.

De acuerdo con el marco legal, la reducción de sanciones puede alcanzar entre 50% y 70%, siempre que se cumplan los requisitos establecidos, entre ellos aportar información y pruebas suficientes, colaborar con la investigación y reconocer la responsabilidad correspondiente.

Esto significa que los informantes no reciben automáticamente el beneficio por entregar documentos o testimonios: la reducción está sujeta a las condiciones y procedimientos previstos en la legislación.