La Auditoría Superior de la Federación (ASF) amplió sus investigaciones sobre presuntas irregularidades en las contrataciones de las autoridades electorales y anunció una revisión histórica de las adquisiciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), su antecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE), y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Este miércoles 4 de noviembre, el órgano fiscalizador informó que puso en marcha tres líneas de trabajo para identificar posibles anomalías en el ejercicio de recursos públicos, así como prácticas relacionadas con la concentración de contratos entre proveedores y grupos empresariales.

La primera consiste en una investigación de oficio sobre posibles irregularidades en los procedimientos de contratación pública del INE, el extinto IFE y la totalidad de los organismos electorales locales. Como segunda acción, la ASF realizará un estudio histórico de las adquisiciones efectuadas entre 2000 y 2025, con el propósito de identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales en las que pudieran estar involucrados grupos empresariales o servidores públicos.

La tercera línea contempla una auditoría integral al Instituto Nacional Electoral, además de una revisión de la totalidad del gasto federalizado ejercido por los OPLE.

En su comunicado, la Auditoría explicó que estas acciones responden a los trabajos de inteligencia que ha desarrollado y al análisis de la información solicitada a las entidades federativas, mediante los cuales advirtió posibles irregularidades históricas en el manejo de los recursos públicos destinados a las instituciones electorales.

"Lo anterior, en virtud de que tanto los trabajos de inteligencia que hemos realizado, como el análisis de la información requerida a las Entidades Federativas, advierten la comisión de múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público vinculado con los OPLEs, el INE y el IFE", expuso el organismo.

La ASF precisó que las investigaciones se desarrollarán dentro de sus atribuciones legales, bajo criterios de independencia, rigor técnico y apego a la legalidad.

El estudio histórico representa una ampliación del alcance de las indagatorias, pues permitirá analizar las adquisiciones realizadas durante 25 años, incluso antes de que el IFE se transformara en el Instituto Nacional Electoral en 2014.

La revisión buscará establecer si existieron patrones recurrentes en la asignación de contratos, concentración de operaciones en determinados proveedores o posibles mecanismos para favorecer a empresas mediante procedimientos de contratación pública.

Además, las investigaciones no se limitarán al organismo electoral federal, sino que abarcarán a los 32 organismos públicos locales electorales.

La nueva revisión se suma a las investigaciones anunciadas previamente por la Auditoría Superior de la Federación, relacionadas con operaciones de dos grupos empresariales que acumularon contratos por 8 mil 870.3 millones de pesos entre 2014 y 2026, de acuerdo con información presentada por el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel. De ese monto, 3,790 millones de pesos correspondieron a organismos electorales locales y alrededor de 430 millones al INE.

Entre las posibles irregularidades que la ASF busca esclarecer se encuentran la simulación de competencia en licitaciones, subcontrataciones entre compañías vinculadas y operaciones con empresas que presuntamente no contaban con la capacidad operativa para prestar los servicios contratados.

La Auditoría también informó previamente que solicitó información a los gobiernos de las entidades federativas para analizar la entrega de recursos públicos a los organismos electorales locales. Estas operaciones continúan bajo investigación, por lo que todavía no representan responsabilidades administrativas o penales acreditadas.