Talleres Gráficos de México (TGM), organismo público que la presidenta Claudia Sheinbaum propone fortalecer para asumir la impresión de la mayor parte de los materiales electorales, fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas durante el proceso electoral de 2024.

De acuerdo con los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública, el organismo recurrió a la empresa Gráficas Corona JE para ampliar su capacidad de producción y cumplir con los compromisos adquiridos con el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

La contratación, por más de 427 millones de pesos, se realizó mediante adjudicación directa, sin que Talleres Gráficos de México acreditara los fundamentos normativos que justificaran prescindir de una licitación pública.

La ASF también identificó inconsistencias en el registro contable de los recursos. Aunque Gráficas Corona JE emitió cuatro Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), cuyo monto conjunto ascendió a 427.4 millones de pesos, y los pagos quedaron registrados, el organismo contabilizó las operaciones en una cuenta de deudores correspondiente a un servidor público, en lugar de hacerlo en la cuenta acreedora del proveedor.

Esta situación llevó a la Auditoría a señalar posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos y a promover acciones legales contra la entonces directora de Talleres Gráficos de México, Maribel Aguilera Cháirez, por las anomalías detectadas durante su administración.

Las irregularidades se originaron en las elecciones de 2024, cuando Talleres Gráficos de México asumió compromisos de impresión con el INE y distintos organismos electorales estatales.

En ese periodo, Guadalupe Taddei, entonces consejera presidenta del INE, suscribió un convenio marco con Maribel Aguilera para la elaboración de documentación electoral federal, que incluyó más de 300 millones de boletas para las elecciones de Presidencia, Senado y Cámara de Diputados.

Además, se recomendó a los OPLE privilegiar la contratación de Talleres Gráficos para producir sus documentos y materiales electorales.

El organismo público firmó un convenio con el INE por aproximadamente 580 millones de pesos, así como acuerdos con 13 institutos electorales locales que, en conjunto, superaron los 600 millones de pesos.

Ante el volumen de trabajo, TGM recurrió a servicios externos para disponer de maquinaria, personal operativo y espacios de almacenamiento, bajo el argumento de evitar retrasos y costos adicionales en la elaboración y entrega de los materiales.

Sin embargo, la contratación de Gráficas Corona JE, por más de 427 millones de pesos, quedó bajo observación de la ASF debido a la falta de justificación legal para la adjudicación directa y las inconsistencias contables detectadas.

Uno de los hallazgos más relevantes de la revisión fue la forma en que Talleres Gráficos registró los pagos correspondientes a Gráficas Corona JE, empresa que recibió el contrato para apoyar la producción de materiales electorales.

La ASF observó que los recursos, aunque fueron pagados y respaldados con comprobantes fiscales, se contabilizaron en una cuenta asociada a un servidor público de TGM y no en la correspondiente al proveedor. Esta inconsistencia generó sospechas sobre el manejo de los recursos y motivó acciones legales contra la exdirectora del organismo. 

El contrato TGM/GA/024/2024 contempló servicios integrales para disponer de maquinaria, operadores y espacios de almacenamiento. La contratación se justificó por la necesidad de ampliar la capacidad operativa del organismo y evitar pérdidas o costos adicionales ante los compromisos electorales.

Sin embargo, la auditoría cuestionó que no se acreditaran debidamente las condiciones que permitían exceptuar el procedimiento de licitación pública. La revisión también permite dimensionar la relación comercial entre ambas compañías: Gráficas Corona JE recibió otro contrato de Talleres Gráficos durante 2024, identificado como TGM/GA/162/2024, por aproximadamente 233 millones de pesos.

La contratación con Gráficas Corona JE no fue el único compromiso que asumió Talleres Gráficos de México durante 2024. El organismo también estableció acuerdos con el INE y 13 institutos electorales locales para producir documentación y materiales de los comicios.

La revisión de la ASF identificó que Gráficas Corona recibió dos contratos en 2024 por un monto conjunto de 660 millones 446 mil pesos, correspondientes a los instrumentos TGM/GA/024/2024 y TGM/GA/162/2024.

En ambos casos, la Auditoría observó que no se acreditaron los requisitos normativos para justificar la excepción a la licitación pública y detectó que los pagos fueron registrados inicialmente en una cuenta de deudores de un servidor público, en lugar de la cuenta correspondiente al proveedor.

Maribel Aguilera Cháirez llegó a la dirección de Talleres Gráficos de México en mayo de 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, después de desempeñarse como diputada federal de Morena entre 2018 y 2021 y como delegada de los Programas para el Bienestar en Durango.

Su gestión terminó en septiembre de 2025, cuando fue sustituida por Arturo Chávez López, quien posteriormente se incorporó al Consejo General del INE como consejero electoral.

Chávez López declaró que, durante su paso por Talleres Gráficos, encontró irregularidades y promovió denuncias contra algunas empresas proveedoras. También sostuvo que su llegada al organismo tuvo, entre otros objetivos, frenar prácticas de corrupción.

La trayectoria de Aguilera y los vínculos políticos de antiguos funcionarios de Talleres Gráficos forman parte del contexto de las investigaciones sobre los contratos electorales.

La relación comercial entre Talleres Gráficos de México y Gráficas Corona JE continuó después de las elecciones de 2024. En noviembre de ese año, TGM firmó un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por más de mil 700 millones de pesos para prestar servicios de impresión de recibos de electricidad hasta 2027.

Para cumplir con ese compromiso, el organismo volvió a recurrir a Gráficas Corona, a la que adjudicó directamente un contrato superior a 800 millones de pesos, según la información publicada por El País.

Este antecedente muestra que la participación de la empresa privada en los servicios de impresión contratados por Talleres Gráficos no se limitó a la producción de documentación electoral.