El presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue destituido este viernes 6 de noviembre por el Senado, luego de que los 44 legisladores presentes votaran a favor de declararlo culpable por mal desempeño de sus funciones, en el juicio político iniciado tras el escándalo financiero de Ueno Bank.

La resolución se aprobó en menos de 10 horas de deliberaciones y contó con el respaldo de integrantes del Partido Colorado, agrupación política a la que pertenece el ahora exmandatario. Con esta decisión, Peña quedó separado de la Presidencia y perdió la posibilidad de convertirse en senador vitalicio, condición que le habría otorgado inmunidad parlamentaria.

El proceso se desarrolló en medio de una crisis financiera que afectó a millones de paraguayos, luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) interviniera Ueno Bank por problemas de solvencia. La entidad financiera quedó bajo administración de las autoridades y sus clientes enfrentaron restricciones para acceder a sus depósitos.

La caída del banco provocó protestas ciudadanas y abrió investigaciones sobre presuntas irregularidades financieras, posibles conflictos de interés y el manejo de recursos públicos.  La destitución también representó un quiebre político para Peña, quien había llegado al poder en 2023 con el respaldo del Partido Colorado. Su salida se produjo después de perder el apoyo de sectores de su propia organización y del expresidente Horacio Cartes, dirigente colorado que respaldó el juicio político.

Mientras tanto, miles de ciudadanos se congregaron frente al Congreso paraguayo para expresar su inconformidad por la pérdida de acceso a sus ahorros y exigir respuestas sobre la crisis financiera.

El juicio político contra Peña estuvo relacionado con las acusaciones sobre su presunta responsabilidad en la crisis de Ueno Bank y los vínculos que mantuvo con el grupo empresarial relacionado con la institución financiera.

Entre los señalamientos presentados ante el Congreso figuraron posibles conflictos de interés, intervención en decisiones regulatorias, concentración de fondos públicos en el banco y presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Instituto de Previsión Social (IPS).

La Cámara de Diputados aprobó el inicio del procedimiento el jueves 5 de noviembre, con 78 votos a favor. Posteriormente, el Senado asumió la función de tribunal y resolvió declarar culpable al mandatario por mal desempeño de sus funciones.

Peña intentó evitar la destitución mediante la presentación de su renuncia, pero el Congreso no aceptó formalizarla antes de continuar con el juicio político. También solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa; sin embargo, el Senado rechazó la petición con 39 votos en contra, tres a favor y dos legisladores que no votaron. El exmandatario anunció que comparecería ante los senadores, pero finalmente no acudió y delegó su representación en los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda.

Durante sus exposiciones, los defensores cuestionaron la legalidad del procedimiento y argumentaron que no habían tenido tiempo suficiente para estudiar el expediente acusatorio. También sostuvieron que el juicio carecía de objeto porque Peña ya había presentado su renuncia.

Los argumentos no modificaron la decisión del Senado, que concluyó el procedimiento con la destitución del presidente.  Tras la resolución del Senado, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay para completar el periodo gubernamental que concluirá el 15 de agosto de 2028.

El nuevo mandatario, de 52 años, fue gobernador del departamento de Ñeembucú y presidente del Partido Colorado. Su llegada al Ejecutivo ocurre en medio de cuestionamientos por su cercanía política con Horacio Cartes y por señalamientos anteriores relacionados con presuntos casos de nepotismo y tráfico de influencias.

Además, Alliana también fue mencionado en las investigaciones relacionadas con el caso Ueno Bank, aunque las responsabilidades deberán determinarse mediante los procedimientos correspondientes. Su administración tendrá entre sus principales desafíos atender las consecuencias de la crisis financiera, recuperar la confianza en las instituciones y dar continuidad a los pagos de los depósitos protegidos por el sistema de garantía bancaria.

La salida de Santiago Peña de la Presidencia no significa que hayan concluido las investigaciones judiciales en su contra. La Fiscalía paraguaya abrió procedimientos penales relacionados con presuntos hechos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias, administración en provecho propio y abuso de poder, vinculados con la crisis de Ueno Bank.

Tras su destitución, las autoridades ordenaron que el expresidente permaneciera bajo arresto domiciliario mientras avanzan las investigaciones. De esta manera, Peña deberá enfrentar los procedimientos judiciales sin los beneficios de inmunidad que habría obtenido como senador vitalicio.