La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 1.1 millones de pesos en instituciones educativas de Puebla, derivadas de pagos a trabajadores dados de baja, empleados que no cumplían con el perfil requerido para sus puestos y remuneraciones que excedieron las plazas autorizadas durante el ejercicio fiscal 2024.

Las observaciones forman parte de las revisiones realizadas por el órgano fiscalizador federal, las cuales concluyeron en febrero de 2025 y abarcaron recursos destinados al sector educativo en la entidad.

El hallazgo ocurre en medio de las revisiones de plazas, por las que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal, Manuel Narciso Viveros, informó el pasado 23 de junio que las auditorías internas permitieron recuperar 343 plazas con diversas irregularidades dentro del sistema educativo poblano.

De acuerdo con los informes de la ASF, las anomalías se concentraron en dos instituciones: la Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTECAM) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla (CECyTE). En el caso del CECyTE, la auditoría identificó pagos en exceso por 752,849 pesos a 54 trabajadores, debido a que las remuneraciones no se ajustaron a las plazas autorizadas en el Anexo de Ejecución correspondiente ni en su convenio modificatorio.

Por otra parte, la Universidad Tecnológica de Tecamachalco acumuló observaciones por 425,110 pesos derivadas de pagos realizados a dos trabajadores que ya habían sido dados de baja y a seis empleados que no cumplían con los requisitos establecidos para los cargos que ocupaban.

La ASF detalló que inicialmente la revisión en la UTTECAM detectó posibles irregularidades relacionadas con 21 trabajadores dados de baja y nueve empleados que no cumplían con el perfil de contratación; sin embargo, durante el proceso de solventación la institución logró justificar parte de las observaciones, quedando pendientes únicamente ocho casos.

Hasta la fecha de publicación de los informes, ambas instituciones mantenían sin aclarar ni reintegrar los recursos observados por el organismo fiscalizador, que en conjunto ascienden a 1,177,959 pesos.

Las observaciones forman parte de las auditorías realizadas al gasto federalizado en materia educativa, cuyo objetivo es verificar que los recursos públicos se ejerzan conforme a la normativa vigente y en beneficio de los servicios educativos.