Texas, Arizona, California y Nuevo México concentran el 77% de las armas de fuego recuperadas en México entre 2020 y 2024 cuya primera compra en Estados Unidos pudo ser identificada, de acuerdo con un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno estadounidense (GAO, por sus siglas en inglés).

El documento, titulado Tráfico de armas de fuego a México, señala que de las 44,725 armas cuyo primer punto de compra pudo rastrearse, 34,368 fueron adquiridas originalmente en establecimientos con licencia federal ubicados en esos cuatro estados fronterizos.

Texas encabeza la lista con 18,771 armas, equivalentes al 42% del total. En segundo lugar aparece Arizona, con 10,316 registros (23%), seguido de California, con 4,032 (9%), y Nuevo México, con mil 249 (2.8%). Los demás estados estadounidenses acumularon 10,357 armas, según el análisis de la GAO publicado en septiembre.

El informe precisa que estas cifras corresponden exclusivamente a los casos en los que las autoridades pudieron identificar el estado donde se realizó la primera compra, por lo que no representan la totalidad de las armas recuperadas en territorio mexicano.

En un universo más amplio, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) completó el rastreo de 122,084 armas recuperadas en México durante el periodo de 2020 a 2024. De esa cantidad, 82,785, equivalentes al 68%, fueron fabricadas en Estados Unidos o importadas legalmente a ese país por titulares de licencias federales.

Respecto a la clasificación de este armamento, el documento identifica 49,676 armas cortas, entre pistolas, revólveres y derringers; 32,601 armas largas, como rifles y escopetas, y otras 508 piezas correspondientes a categorías distintas, entre ellas ametralladoras y armas modificadas.

El análisis también identifica diferencias regionales en el origen de las armas recuperadas en México. California y Arizona aparecen como las principales fuentes de armamento localizado en Baja California y Sonora, mientras que Texas encabeza los registros de armas encontradas en Tamaulipas.

Los registros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), organismo dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, también documentan el aseguramiento de armamento que tenía como destino México. Entre enero de 2020 y diciembre de 2025, la dependencia decomisó 4,944 armas de fuego en 25 cruces terrestres de la frontera entre ambos países. Del total, 2,581 eran armas cortas, 2,147 largas y 216 correspondían a otras categorías.

La región de Laredo, Texas, concentró 4,057 aseguramientos, equivalentes al 82% de los registros. En otras zonas fronterizas también se reportaron decomisos: Nogales, Arizona, contabilizó 673 armas; El Paso, Texas, 149, y San Diego, California, 65. Entre los cruces con mayores registros destacan Eagle Pass, con 1,349 armas; Laredo, con mil 146; Hidalgo, con 510, y Nogales, con 480.

Sin embargo, la GAO advierte que estos datos únicamente permiten identificar dónde ocurrieron los decomisos. No establecen una relación directa entre el establecimiento donde se compró originalmente cada arma, el cruce fronterizo utilizado y su destino final en México.

El organismo también señala que las inspecciones de salida no se realizan con la misma frecuencia en todos los puertos fronterizos. Mientras algunos puntos llevan a cabo revisiones intermitentes durante el día, otros mantienen inspecciones durante las 24 horas.

El informe de la GAO describe que las organizaciones criminales transnacionales recurren principalmente a compradores interpuestos, también conocidos como testaferros, para adquirir armamento en Estados Unidos y posteriormente trasladarlo a México.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses entrevistados por el organismo, estos intermediarios suelen ser hombres de entre 21 y 25 años, ciudadanos estadounidenses o residentes legales, sin antecedentes penales. Las redes de tráfico reclutan a familiares, amigos, conocidos e incluso contactos mediante redes sociales, a quienes ofrecen dinero para comprar armas en establecimientos autorizados. En algunos casos, los compradores desconocen que el destinatario final del armamento es una organización criminal.

Una vez adquiridas, las armas son trasladadas principalmente en vehículos particulares y comerciales. Para evitar su detección, los traficantes las esconden en compartimentos, entre mercancías o las desarman para distribuir sus componentes en distintos espacios del vehículo y ensamblarlas nuevamente al llegar a México.

La GAO también documentó que las organizaciones criminales utilizan vigilantes cerca de los cruces fronterizos para advertir sobre las inspecciones de las autoridades estadounidenses. Estos observadores alertan a los conductores cuando detectan operativos de revisión, con el propósito de evitar los controles.

Según los funcionarios consultados, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) son las dos organizaciones criminales con mayor participación en el tráfico de armas procedentes de Estados Unidos. Además de documentar las rutas de abastecimiento, la Oficina de Rendición de Cuentas señaló deficiencias en la evaluación de las estrategias estadounidenses para combatir el tráfico ilegal de armamento hacia México.

Entre 2020 y 2025, la ATF y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) destinaron aproximadamente 126 millones de dólares a iniciativas para combatir este delito.

Sin embargo, la GAO encontró que las dependencias involucradas no cuentan con mecanismos suficientes para medir la efectividad de sus acciones, establecer objetivos concretos y determinar si los recursos se están destinando a los programas más eficaces. Por ello, el organismo emitió cuatro recomendaciones dirigidas al Departamento de Seguridad Nacional, la ATF y el Departamento de Estado para mejorar la supervisión y evaluación de estos esfuerzos.

Mientras las autoridades estadounidenses documentan las rutas de abastecimiento, el Gobierno de México continúa con operativos para retirar armas de circulación. El pasado 4 de noviembre se informó sobre el aseguramiento de 15 armas largas, 30 cargadores y 1,681 cartuchos de diferentes calibres durante dos acciones realizadas en Sinaloa.

Los operativos estuvieron a cargo de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).