“Porque debemos ser los dueños de nuestra propia casa. Y esto es válido tanto a nivel nacional como en Europa”. Así se refirió Christian Stocker, canciller federal austriaco hace unos días cuando en conferencia de prensa anunció, junto con representantes de Alemania, Países Bajos, Grecia y Dinamarca, un acuerdo para la creación de un centro de deportación de migrantes en el país africano de Ruanda, mismo que hace meses fue señalado por esos países de no respetar los derechos humanos de sus habitantes y de contribuir con el financiamiento de uno de los grupos que participan en el conflicto en la República Democrática del Congo, el Movimiento 23 de marzo (M23).
Hay preocupación de organizaciones de derechos humanos y de la ONU misma con respecto a esta medida y, en un comunicado reportado por France 24, “la ACNUDH [Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos] precisó que la solución a las cuestiones migratorias ‘no pasa por medidas aisladas, a menudo muy costosas, consistentes en buscar países lejanos que se ocupen de un aspecto de la gestión migratoria, ni por externalizar obligaciones en materia de derechos humanos’. (…) Según el organismo encabezado por el alto comisionado Volker Türk, la respuesta debería ser en realidad ‘un análisis más profundo de las causas que impulsan la migración’, incluidas las desigualdades y ‘un sistema económico y financiero injusto que perjudica a numerosos países del Sur Global’, así como el aumento de los conflictos”. Los promotores del acuerdo señalan que solamente sería para aquellos migrantes cuyas solicitudes de asilo fueran terminantemente negadas, no a los que se encuentran en trámite en el momento.
Como agudamente se señala en otra nota publicada en Yahoo Noticias, la medida busca esencialmente agradar a los electorados de esos países que ven con disgusto el incremento de la migración. Aparentemente, el número de migrantes expulsados no sería significativo en realidad, pero podrían mostrar a sus ciudadanos que están haciendo algo con el “problema”.
Sin embargo, hay que decirlo, Europa enfrenta una crisis de natalidad desde hace ya muchos años y no hay una base laboral e impositiva joven que pueda sostener el sistema de pensiones y mucho menos la economía. El discurso xenofóbico ha sido crucial para el avance de las ultraderechas en Europa, en especial en Alemania donde AFD (Alternativa para Alemania), partido ultraconservador, tuvo un avance significativo en las pasadas elecciones. No se aclara, por cierto, cuánto costaría a los países expulsores el programa pues Ruanda no lo hará gratis, pero se estima que sería un costo millonario, según se lee en la nota de Yahoo.
La medida, ya ensayada por el gobierno ultra de Trump en El Salvador y en África y que no alcanzó a realizar Gran Bretaña con Ruanda por resistencias internas, no es otra cosa que la expulsión de migrantes a cualquier sitio, lejos, allá donde los ciudadanos legales y de “bien” no los puedan ver; al final, termina “criminalizando” la migración pues dichos centros son más de detención que de deportación y expone a las personas a situaciones de riesgo constante, no sólo de que se violenten sus derechos en el país del centro, sino a que sean devueltos al país del que huyeron en primera instancia.
Es, sin eufemismos, desechar la “basura” en el patio trasero, ahí donde no puedan verla y, finalmente, endilgarle el problema a alguien más. Lo cierto es que Europa se niega a reconocer que son los causantes de buena parte de los conflictos en África, gracias a su colonialismo, explotación de los recursos y todo el caos que generaron con su llegada y su partida de esos sitios. También lo son otras potencias como Estados Unidos e Israel con su neocolonialismo y rapacidad. Al final, todo es consecuencia de ese racismo perenne que infecta nuestra vida moderna y que impide que veamos a esos otros y otras como personas, como seres humanos.