El Instituto Nacional Electoral (INE) supervisará que los partidos políticos cumplan con los criterios de paridad de género durante las elecciones de 2027, con el propósito de garantizar que las mujeres tengan oportunidades efectivas de competir por cargos públicos en condiciones de igualdad.
Como parte de este proceso, el organismo electoral revisará la distribución de las candidaturas que cada partido presente en las entidades federativas, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo INE/CG664/2026.
La fiscalización de estas disposiciones se desarrollará en cuatro etapas:
- Antes de emitir las convocatorias: Los partidos deberán establecer en qué estados postularán candidatas, en cuáles registrarán hombres y dónde no participarán. El INE verificará que las reglas utilizadas para determinar esa distribución sean objetivas, comprobables y suficientes para garantizar la paridad.
- Durante el registro de candidaturas: La autoridad electoral revisará de manera integral las postulaciones de cada partido para corroborar que haya aplicado los criterios establecidos y registrado al menos nueve mujeres.
- En coaliciones y candidaturas comunes: Las postulaciones realizadas mediante estas figuras serán contabilizadas para todos los partidos políticos nacionales que formen parte de ellas.
- Ante posibles incumplimientos: Si alguna fuerza política no alcanza el mínimo de candidatas o incumple las reglas de competitividad, el INE solicitará al Organismo Público Local Electoral correspondiente que requiera las modificaciones necesarias. Para ello, deberá identificar las postulaciones involucradas y especificar los ajustes que tendrán que realizarse.
Con estas medidas, el instituto busca evitar que los partidos concentren las candidaturas femeninas en entidades donde tengan menores posibilidades de obtener el triunfo, lo que podría limitar las oportunidades reales de las mujeres para acceder a cargos de elección popular.
Adicionalmente, el acuerdo contempla un exhorto a los partidos para que revisen las alertas relacionadas con violencia de género y los registros de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta información deberá servir para detectar posibles riesgos y establecer mecanismos de prevención, acompañamiento y protección para quienes participen como candidatas.