Más de mil trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Puebla, adscritos al Sexto Circuito, suspendieron actividades este viernes 6 de noviembre y colocaron cadenas en los accesos de la sede ubicada en el Periférico Ecológico, en San Andrés Cholula, para sumarse a la movilización nacional que abarca a la Ciudad de México y al menos 16 entidades del país.

La protesta responde al rechazo frontal del personal de base contra el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que establece el nuevo sistema de evaluación de desempeño para la carrera judicial, al considerar que los parámetros fijados vulneran la estabilidad en el empleo y carecen de criterios objetivos de medición profesional.

El descontento de la plantilla laboral —que agrupa a secretarios proyectistas, asistentes, actuarios y oficiales judiciales— radica en la estructura del mecanismo de calificación ponderado de cero a 100 puntos programado para los días 4, 8, 14 y 15 de diciembre de 2026.

Los manifestantes cuestionan que el examen de conocimientos represente únicamente el 40 por ciento del puntaje global, mientras que el 60% restante quede sujeto a apreciaciones subjetivas de superiores, compañeros y métricas administrativas propensas a represalias. Asimismo, denuncian que la normativa estipula la baja definitiva para quien obtenga 59 puntos o menos y no apruebe la evaluación extraordinaria, exigiendo que se prioricen esquemas previas de capacitación continua sobre criterios punitivos de permanencia.

En respuesta a la parálisis de labores en las sedes judiciales del país, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) emitió un comunicado oficial garantizando que los exámenes programados para diciembre tendrán un carácter estrictamente diagnóstico, por lo que no implicarán la pérdida de plazas ni la separación del cargo para el personal evaluado.

El organismo precisó que las pruebas buscan identificar áreas de oportunidad en la impartición de justicia de cara a la evaluación ordinaria vinculante, al tiempo de manifestar su disposición al diálogo tras respaldar el fundamento constitucional del procedimiento en los artículos 100 de la Carta Magna, así como 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial.