La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla, Judith Lozano Pérez, confirmó que el organismo autónomo recibió una notificación formal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para entregar la documentación integral de las contrataciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2020.

El requerimiento del órgano fiscalizador federal se produce en el marco de las indagatorias nacionales por la presunta red de duplicidad y concertación de proveedores electorales —ligada a la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y a los hermanos Hernández Casillas—, expediente en el que Puebla figura con convenios acumulados por 179.1 millones de pesos otorgados entre 2014 y 2025 a las firmas bajo sospecha.

Al fijar postura desde el Ejecutivo local, la Coordinación de Gabinete del Gobierno del Estado de Puebla respaldó las investigaciones instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y expuestas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, exigiendo la apertura total de los expedientes del organismo electoral poblano.

La Coordinación de Gabinete detalló que, del monto global bajo escrutinio en la entidad, 49.4 millones de pesos corresponden al periodo 2014-2023 adjudicados a firmas como Formas Finas y Materiales y Corporativo ZEG, mientras que los 129.7 millones de pesos restantes se asignaron entre 2024 y 2025 mediante un contrato otorgado a Comercializadora JVLY para el suministro de paquetería y materiales de simulacro.

Frente al señalamiento de que la adjudicación a Comercializadora JVLY representa el monto individual más elevado reportado en la tabla federal para una entidad federativa en dicho bienio, Lozano Pérez puntualizó que el IEE colabora activamente en la concentración de los archivos requeridos por la ASF, sin descartar que las auditorías se extiendan a periodos anteriores.

Asimismo, la titular del IEE calificó de lamentable la afectación reputacional al sistema electoral nacional y adelantó que solicitará una mesa de trabajo en materia de seguridad para blindar las candidaturas del próximo proceso comicial, al tiempo de dar cauce a 48 procedimientos ordinarios sancionadores vigentes en el órgano local.