La Fiscalía General del Estado (FGE) inició carpetas de investigación penal contra integrantes del Cabildo de Acatlán de Osorio por los presuntos delitos de intento de secuestro, lesiones y el uso irregular de una patrulla municipal, donde las indagatorias derivan de un violento incidente en el que los regidores interceptaron una patrulla para sacar por la fuerza a policías acusados de abuso de poder.
El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, advirtió que la legalidad no es negociable a pesar de haberse destrabado el conflicto político que mantenía tomado el Palacio Municipal. A la par de las denuncias penales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) asumió el control absoluto de la seguridad en este municipio estratégico de la Mixteca poblana.
El titular de la SSP, Francisco Sánchez González, confirmó el relevo del mando policial local tras la separación del cargo del marino Juan Alberto Domínguez, quien se desempeñaba como director de Seguridad. Esta medida busca evitar más confrontaciones entre las autoridades y la ciudadanía en una franja considerada de alto valor por colindar con el estado de Oaxaca.
La reapertura del Palacio Municipal y la normalización de los servicios administrativos se lograron tras una mesa técnica de trabajo donde se impuso un pacto de neutralidad institucional. Tanto la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas como el bloque de ocho regidores disidentes se comprometieron a frenar los ataques mediáticos y en redes sociales.
Como parte de los acuerdos, se destituirá al actual secretario del Ayuntamiento —cuya vacante se definirá mediante una terna— y se homologarán los salarios de los cabildantes.
La Segob estatal confirmó que se solicitará formalmente a la Auditoría Superior del Estado (ASE) una revisión exhaustiva de las finanzas del Ayuntamiento de Acatlán. Esta auditoría integral busca transparentar el uso de los recursos públicos ante las acusaciones de opacidad financiera lanzadas por el grupo opositor, el cual exigía originalmente la revocación de mandato de la alcaldesa.
