Los balances financieros de la Red Estatal de Autopistas (REA) de Nuevo León revelan que, entre octubre de 2021 y marzo de 2026, la administración estatal encabezada por Samuel García Sepúlveda ha transferido un total de 7 mil 546.8 millones de pesos provenientes de este organismo hacia la Tesorería Central; esta cantidad supera por casi diez veces los 717.9 millones de pesos que fueron trasladados a las arcas estatales durante el sexenio completo de su antecesor, Jaime Rodríguez Calderón.

El flujo de recursos captados a través de los peajes de vías como el Anillo Periférico, la Autopista a Reynosa y la conexión al Aeropuerto Internacional registró su nivel más alto en 2024, con 2 mil 900 millones de pesos, seguido por 2025 con 2 mil 145 millones. Los movimientos financieros reportados equivalen a una tercera parte de la recaudación global del organismo vial.

Aunque el traspaso de excedentes operativos de organismos descentralizados a la Secretaría de Finanzas es una práctica legal y común en la gestión pública, diversos sectores políticos y especialistas en transparencia han señalado la falta de información pública sobre las reglas claras de ejecución y el destino final de estos fondos.

Los cuestionamientos se han intensificado debido a que las utilidades carreteras no han sido asignadas prioritariamente al mantenimiento asfáltico o a la conclusión de proyectos de infraestructura clave en la entidad. Actualmente, obras de movilidad urbana relevantes se encuentran detenidas o registran retrasos por presunta falta de presupuesto, como el tramo central de la Carretera Interserrana, el Libramiento Juárez-Pesquería o el distribuidor vial Triángulo Norte en el municipio de Escobedo.

La controversia por este esquema de financiamiento estatal mediante dependencias descentralizadas llegó al Congreso del Estado. Grupos legislativos de oposición compararon la mecánica de la REA con la implementada en Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, paraestatal de la cual la Tesorería también captó más de 4 mil 60 millones de pesos mediante el cobro del impuesto ambiental.

Ante el panorama de centralización de recursos y la merma en la autonomía técnica de los organismos operativos, legisladores locales mantienen abierta la discusión para exigir auditorías externas que detallen de manera transparente la aplicación de los más de 7 mil 500 millones de pesos obtenidos en las casetas de cobro.