Por primera vez de manera detallada, Alejandro Gertz Manero hizo pública su declaración patrimonial tras concluir su encargo al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) —el cual ejerció de enero de 2019 a noviembre de 2025— y asumir como nuevo embajador de México en el Reino Unido.

El documento, presentado el pasado 15 de junio ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno como parte de sus obligaciones con la Cancillería (SRE), revela una radiografía de bienes valuados en decenas de millones de pesos que el exfuncionario mantuvo reservados durante su gestión bajo el amparo de la autonomía de la FGR.

La declaración reporta un total de 13 propiedades inmobiliarias a su nombre —10 casas, un departamento, un terreno y un edificio—, de las cuales ocho fueron adquiridas por herencia familiar, dos mediante cesiones y tres por compraventa.

Entre los activos destaca un departamento en Madrid valorado en un millón de euros, así como viviendas en Nueva York e Ibiza controladas a través de diversas sociedades comerciales. Adicionalmente, el ahora embajador reportó poseer 15 cuentas bancarias e inversiones distribuidas en instituciones de México, España, Estados Unidos y Suiza, entre ellas el banco Credit Suisse.

El patrimonio del diplomático también incluye bienes de lujo heredados, entre los que desglosó joyas, relojes y monedas con un valor de adquisición de 18.35 millones de pesos, obras de arte calculadas en 8 millones de pesos, y mobiliario por otros 2 millones. Asimismo, destaca una colección vehicular de automóviles clásicos y de alta gama, en la que sobresalen dos unidades de la marca Rolls-Royce: un Sedán modelo 1966 y un modelo Wraith 2014 comprado de contado en 2020 por 2.7 millones de pesos, época en la que operaba como fiscal de la nación.

En el plano financiero actual, Gertz Manero reportó una restauración mensual neta de 196,220 pesos por su cargo en la embajada en Reino Unido, asegurando no percibir ingresos extra por asesorías o actividades profesionales.

La publicación de este desglose ocurre tras años de cuestionamientos de la oposición sobre la autonomía de la FGR y su cercanía con la 4T, periodo en el que se archivaron denuncias contra figuras clave del gobierno federal y quedaron abiertos expedientes de alto impacto como Odebrecht, Ayotzinapa y Segalmex.