Funcionarios de Morena colaborarían de manera discreta con autoridades de Estados Unidos tras las acusaciones presentadas contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros ocho exfuncionarios sinaloenses, de acuerdo con una investigación publicada por The New York Times.

El diario estadounidense señala que entre los presuntos informantes habría gobernadores y legisladores de Morena, aunque no identifica públicamente a ninguno de ellos. Según el reportaje, estos funcionarios habrían ofrecido información sobre otros integrantes de la clase política mexicana.

La publicación basa sus afirmaciones en testimonios de ocho personas que participaron en las conversaciones o tienen conocimiento de ellas, quienes aceptaron hablar bajo condición de anonimato. “Al menos una decena de funcionarios electos en México, entre ellos gobernadores y miembros del Congreso, muchos del partido gobernante, se han puesto en contacto para compartir información sobre otros políticos”, cita el reportaje del periódico estadounidense.

Tanto el gobierno de México como la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) declinaron hacer comentarios sobre la información difundida.

De acuerdo con The New York Times, algunos de estos acercamientos responderían al interés de ciertos funcionarios por anticiparse a investigaciones que consideran podrían involucrarlos en el futuro. El medio advierte que esta dinámica podría desencadenar una cadena de testimonios que afectaría políticamente a Morena, al aportar información sobre presuntos esquemas de sobornos entre organizaciones criminales y servidores públicos.

El reportaje también retoma versiones sobre presuntas investigaciones en Estados Unidos contra los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, quienes previamente rechazaron esas acusaciones. Asimismo, menciona el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien reconoció haber realizado gestiones para recuperar su visa estadounidense, aunque negó haber alcanzado acuerdos con autoridades de ese país.

En los últimos meses, el tema ha generado confrontaciones entre Morena y la oposición en el Congreso de la Unión. Legisladores oficialistas han acusado de "vende patrias" a quienes sostienen reuniones con autoridades estadounidenses o conceden entrevistas a medios de ese país para hablar sobre presuntos vínculos entre el gobierno mexicano y el crimen organizado.

Como antecedente, en abril también se dio a conocer la participación de agentes de la CIA en operativos contra el crimen organizado en Chihuahua sin autorización del gobierno federal, un episodio que intensificó las tensiones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.