La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) adjudicó de manera directa un contrato con un monto máximo de 101 millones 757,810 pesos a la empresa Territorium Life S.A.P.I. de C.V. para la aplicación de exámenes de admisión en línea durante 2026, pese a que la propia normatividad universitaria establece que, para contrataciones de ese nivel económico, la regla general es la licitación pública.

De acuerdo con la Circular SADM/1/2026 y el tabulador emitido por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, las contrataciones de servicios que superen 4 millones 770 mil pesos, sin IVA, deben realizarse mediante licitación pública, salvo que exista una causa de excepción debidamente acreditada y autorizada por el Comité correspondiente.

En este caso, el monto máximo contratado fue más de 21 veces superior al umbral fijado por la propia Universidad para recurrir al procedimiento ordinario de licitación.

El contrato señala que la contratación se realizó mediante una solicitud de excepción a la licitación pública, la cual fue aprobada por el Comité de Adquisiciones durante su Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 6 de marzo de 2026, con fundamento en la Normatividad de Adquisiciones y en la Circular SADM/1/2026.

La misma circular, firmada por el entonces secretario administrativo de la UNAM, Tomás Rubio, establece que la dependencia solicitante debe justificar documentalmente la excepción y demostrar que la contratación cumple con criterios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia, imparcialidad y honradez.

Asimismo, precisa que la hipótesis legal utilizada para evitar una licitación pública debe estar "motivada contundentemente" y respaldada con documentación suficiente por la dependencia responsable.

El expediente técnico fue elaborado por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), que argumentó que la plataforma desarrollada por Territorium incorporaba herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático capaces de detectar conductas anómalas durante los exámenes, prevenir fraudes, fortalecer la supervisión humana y garantizar la transparencia del proceso de evaluación.

Con base en esos argumentos, el Comité autorizó la excepción y la UNAM formalizó el contrato para la aplicación de los exámenes de ingreso a bachillerato, licenciatura y el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) durante 2026.

La contratación se pone entre duda después de que la UNAM detectó irregularidades en el proceso de admisión a licenciatura 2026-2027, derivadas de la aplicación del examen en línea. Como respuesta, la Universidad ordenó la aplicación de un examen presencial de control para miles de aspirantes, luego de que la Comisión Técnica identificó posibles casos de uso de apoyo externo, dispositivos electrónicos, suplantación de identidad y otras anomalías durante la evaluación.

A raíz de estos hechos, el expediente de contratación cobra relevancia al contener los argumentos técnicos con los que la DGAE, encabezada entonces por Ivonne Ramírez Wence, justificó prescindir del procedimiento de licitación pública para contratar la plataforma tecnológica.