Apenas 24 horas después de haber anunciado su reincorporación al Ejecutivo estatal, Rubén Rocha Moya dio marcha atrás y presentó una nueva solicitud de licencia indefinida ante el Congreso del Estado de Sinaloa.
La petición, remitida con fundamento en los artículos 50 y 58 de la Constitución Política local, deja en manos de la LXIV Legislatura la aprobación de su separación del cargo por más de 30 días y la posterior designación de un gobernador interino para la entidad.
El viraje del político sinaloense se dio tras una ola de reprobación dentro de su propia fuerza política, pues tras notificarse su intención inicial de retomar las funciones que había dejado en mayo para ponerse a disposición de la Fiscalía General de la República por señalamientos emitidos desde Estados Unidos sobre presuntos nexos con el crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un posicionamiento en sus redes sociales advirtiendo que “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación”.
A la postura de la mandataria federal se sumó Morena y los 23 gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación, quienes emitieron un manifiesto conjunto condenando la decisión inicial de Rocha Moya por considerarla unilateral, desmedida e irresponsable.
Ante el cerco institucional y el deslinde directo de la dirigencia de Morena, el mandatario optó por remitir el escrito formal de separación, abriendo un nuevo capítulo de incertidumbre política en Sinaloa a la espera de que la Diputación Permanente convoque a sesión para definir el interinato.
