La dirigencia nacional de Morena y la Secretaría de Gobernación se deslindaron formalmente de la decisión de Rubén Rocha Moya de reincorporarse como gobernador constitucional de Sinaloa, aclarando que la determinación fue de carácter estrictamente personal y no contó con consulta previa.

Mediante posicionamientos oficiales emitidos este viernes, ambas instancias marcaron distancia del anuncio del mandatario estatal, subrayando el respeto al debido proceso y recordando que corresponde a la Fiscalía General de la República informar sobre el estatus de las carpetas de investigación abiertas a partir de los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El retorno del Ejecutivo estatal ocurre tras cumplirse 112 días de la licencia temporal que solicitó al Congreso local el 1 de mayo. Tras reasumir el cargo, Rocha Moya encabezó una reunión de gabinete en Culiacán y tomó protesta nuevamente a Yeraldine Bonilla Valverde como secretaria general de Gobierno, quien fungió como gobernadora interina desde el 2 de mayo.

Aunque el mandatario sostuvo que la investigación de la FGR concluyó sin elementos en su contra, la Segob precisó que la representación social federal mantiene indagatorias vigentes relacionadas con las diez personas señaladas por autoridades estadounidenses, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha requerido reiteradamente a Estados Unidos la entrega de pruebas documentales.

La reincorporación generó el rechazo inmediato de dirigentes y legisladores de la oposición. Representantes de Movimiento Ciudadano, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) calificaron el regreso como un acto de impunidad y cuestionaron la postura del gobierno federal ante la gravedad de los señalamientos.

A pesar de las críticas políticas, Rocha Moya ratificó que mantendrá la conducción del Poder Ejecutivo estatal con la intención de completar el periodo constitucional que concluye el 31 de octubre de 2027.