El Gobierno de Puebla mantiene una postura firme frente a las peticiones del sector transportista, por lo que los descuentos en el transporte público destinados a estudiantes y personas de la tercera edad, así como la gratuidad a discapacitados, no se suprimirán ni forman parte de ninguna mesa de negociación.

La secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, catalogó este beneficio social como no negociable, luego de la propuesta del concesionario José Luis Barrientos, quien en representación de la ruta JBS -"los morados"- solicitó retirar los subsidios como condición previa para revisar el costo del pasaje.

Aunque los apoyos económicos se mantendrán vigentes para proteger a los sectores vulnerables, la funcionaria estatal reconoció la necesidad de endurecer los controles debido a la detección de documentación apócrifa para evadir el pago completo.

Ante esta problemática, Tanús Osorio informó que diseñarán un mecanismo con reglas más estrictas para verificar la autenticidad de los documentos, tras identificar que diversos usuarios compran credenciales escolares falsas en los mercados de Puebla para hacerse pasar por colegiales. Mientras estas medidas se estructuran, las tarifas vigentes desde 2019 se quedan sin cambios: los estudiantes pagan seis pesos; los adultos mayores con credencial del INAPAM pagan cuatro pesos, y las personas con discapacidad viajan gratis.

Respecto a la demanda constante de los concesionarios para elevar la tarifa general —actualmente fija en 8.50 pesos—, la titular de la dependencia enfatizó que no se repetirán las fórmulas del pasado, donde se autorizaban incrementos sin que se tradujeran en mejoras reales para los usuarios. La condicionante de la actual administración estatal es directa: primero deben cambiar sus unidades vehiculares y, posteriormente, se procederá al análisis de los costos.

La funcionaria detalló que hasta el momento se han sustituido cerca de 6 mil vehículos de un universo de 22 mil que operan en la entidad. Finalmente, aclaró que no existe un porcentaje o cifra establecida para un eventual ajuste, pues las propuestas de los transportistas que piden elevar el pasaje a 10 o 12 pesos carecen de sustento técnico, ya que cualquier modificación dependerá de un estudio formal que evalúe variables como los costos operativos y el salario mínimo.