La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla mantiene bajo investigación 10 quejas formales por presuntos casos de acoso y hostigamiento en diversas instituciones de la entidad. El titular de la dependencia, Manuel Viveros Narciso, confirmó que los expedientes ya se encuentran en manos del área jurídica para determinar las responsabilidades correspondientes.

Ante este escenario, el funcionario hizo un llamado enérgico a subsecretarios, directores de nivel y a la Coordinación General de las CORDES. La instrucción es actuar con eficacia e intervenir de inmediato ante cualquier reporte para evitar que las situaciones escalen.

Una de las vertientes de estas investigaciones apunta al ámbito de la convivencia laboral dentro de los planteles, donde la mayoría de los señalados son directivos. Entre los antecedentes de este tipo de quejas destacan las protestas de docentes en el Plantel 1 del Cobaep, en San Francisco Totimehuacán, por presunto hostigamiento de la directora.

A esto se suman las denuncias de trabajadores en el Cobaep 23 de Zacatlán, quienes acusaron al director por cambios injustificados de adscripción y promoción política. Las autoridades indagan si físicamente se recibieron más denuncias de este tipo.

Por otra parte, registros de la dependencia asocian las quejas a conductas de índole sexual y de valores dentro de escuelas de educación básica. El desglose específico de estos casos contempla seis actos tipificados como hostigamiento y cuatro quejas adicionales que se encuentran en revisión.

Estas investigaciones ocurre tras las denuncias ciudadanas presentadas en meses previos en la capital poblana. Entre ellas se encuentra el caso del preescolar Carrusel Magone, en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, donde la Fiscalía abrió carpetas por presuntos abusos.

También se cuenta el reporte de la primaria María del Rosario Graciela Hidalgo, en San Bernabé Temoxtitla, donde los padres señalaron a un intendente por presunto espionaje en los baños. El área jurídica de la SEP revisa detalladamente cada expediente para determinar las sanciones administrativas o canalizar las denuncias penales pertinentes.