María de los Ángeles García de Bryant, de 71 años, exige que el empresario Elon Musk se reúna con ella para explicar cómo se concretó la compra de mil 194 hectáreas destinadas a la Gigafactory de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León, proyecto que finalmente no se construyó.
La mujer, originaria de Monterrey y residente de McAllen, Texas, sostiene que los terrenos pertenecían a su familia y pide que Musk, los hermanos de la familia Garza Dávila que vendieron los predios y autoridades de Nuevo León presenten documentos para aclarar quién tenía realmente la propiedad.
Su exigencia ocurre después de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal remitió a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León una petición para investigar un presunto despojo relacionado con los terrenos.
El oficio fue recibido a trámite el 21 de abril de 2026 con el número NUC 049792/2026 y señala a exfuncionarios y servidores del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León, así como al propio Elon Musk. La Fiscalía canalizó el caso a la Unidad de Tramitación Masiva de Santa Catarina para analizar los hechos denunciados.
García de Bryant afirma que ya envió escritos al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y a Josemaría Urrutia García, director del Instituto Registral y Catastral, para solicitar una reunión en la que también participen los hermanos Garza Dávila y Musk.
La denunciante sostiene que los cuatro polígonos que suman mil 194 hectáreas fueron vendidos a Tesla en marzo de 2023 por 98.7 millones de dólares, equivalentes a unos mil 793 millones de pesos. La operación se realizó apenas ocho días después de que Musk anunció la construcción de la Gigafactory en Santa Catarina.
La planta prometida nunca se concretó. Musk puso el proyecto en pausa y posteriormente señaló que los posibles aranceles de Estados Unidos a los vehículos producidos en México reducían el sentido de realizar la inversión en el país. Los terrenos, sin embargo, sí fueron adquiridos por Tesla.
García de Bryant sostiene que los predios pertenecían a sus abuelos, Manuel García Rodríguez y Apolonia García, viuda de Luna, y acusa que posteriormente se realizó una presunta venta fraudulenta mediante documentos que, según afirma, no acreditaban legalmente la propiedad.
El origen de su reclamo se remonta a una cadena registral que, de acuerdo con la denuncia, incluye al general y exgobernador de Nuevo León Lázaro Garza Ayala. La mujer sostiene que una persona que se hizo pasar por él se adjudicó terrenos que pertenecían a su familia.
Según la denuncia, Garza Ayala nació en 1830 y murió en 1913; sin embargo, en 1931 una persona que presuntamente se hizo pasar por él habría registrado una escritura pública mediante una operación de compraventa a su nombre. Esta cadena de propiedad posteriormente quedó vinculada con parte de los terrenos que fueron vendidos a Tesla.
El reclamo de García de Bryant no comenzó con la llegada de Tesla. En 2019, ella y su familia promovieron un juicio contra autoridades de Nuevo León por registros relacionados con el rancho El Carvajal, ubicado a la altura del kilómetro 52 de la carretera Monterrey-Saltillo. La familia sostiene que existieron irregularidades en registros y archivos catastrales de los terrenos.
La operación mediante la cual Tesla adquirió los predios quedó asentada en la escritura número 411, inscripción 546, volumen 173, libro 22, sección propiedad, de la unidad Santa Catarina, boleta 26130257 e IDLibro 555659.
La compraventa fue pasada ante la fe de Sergio Luis Reese García, notario público titular de la Notaría Pública número 11 de Nuevo León, e inscrita por Julio David Ramírez Sánchez, quinto registrador de la propiedad del Primer Distrito del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León.
La recepción de la denuncia no significa que el presunto despojo haya sido acreditado ni que exista responsabilidad penal de Elon Musk, Tesla, los Garza Dávila o funcionarios. La investigación deberá determinar qué ocurrió con la cadena de propiedad y si existen elementos para acreditar algún delito.
Mientras las mil 194 hectáreas permanecen sin la Gigafactory que Tesla anunció para Santa Catarina, García de Bryant busca que quienes participaron en la operación inmobiliaria expliquen, documentos en mano, cómo los terrenos terminaron en manos de la empresa.
La denunciante asegura que no busca solamente continuar con los procesos legales que ha promovido durante años, sino que los involucrados aclaren públicamente quién tenía derecho a vender las tierras. Entre ellos, quiere escuchar la versión de Elon Musk.