El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, respondió a la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum de revisar y transparentar los contratos del organismo, incluidos los asignados durante su gestión, que abarcó de 2014 a 2023.

A través de publicaciones en redes sociales este miércoles 28 de octubre, Córdova sostuvo que el INE fue una de las instituciones públicas más auditadas del país durante su administración y aseguró que las revisiones realizadas no derivaron en señalamientos relevantes en su contra.

Según el exfuncionario, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó las cuentas del organismo durante los años de su gestión y las observaciones formuladas fueron atendidas. Añadió que la última auditoría que le correspondió se realizó en 2022, sin que, afirmó, se le señalaran irregularidades.

Córdova también se refirió al trabajo del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, cuyo titular es designado por la Cámara de Diputados. Señaló que, desde 2019, este órgano tampoco habría encontrado irregularidades relevantes durante su administración, aunque reconoció que las faltas menores detectadas fueron sancionadas.

El exconsejero presidente agregó que el INE está sujeto a la vigilancia permanente de los partidos políticos y rechazó las acusaciones que, dijo, se hicieron contra el organismo durante su gestión. “Y si, a pesar de todo lo anterior, quieren volver a auditar lo auditado, adelante. Quienes hemos tenido gestiones transparentes y apegadas a la ley no tenemos nada que temer”, expresó.

La respuesta de Córdova ocurrió después de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara revisar los contratos asignados por el INE durante la gestión de Guadalupe Taddei, actual consejera presidenta del organismo, así como transparentar los antecedentes de las empresas proveedoras.

Durante su conferencia matutina del martes 27 de octubre, la mandataria planteó que se informe desde cuándo existen los contratos con las compañías señaladas en las investigaciones y que se revisen también los periodos anteriores.

Sheinbaum hizo referencia a las empresas relacionadas con las presuntas irregularidades que han sido objeto de cuestionamientos públicos en torno a la contratación de servicios por parte del INE. También mencionó antecedentes de sanciones atribuidas a algunas de esas compañías por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La presidenta sostuvo que la revisión debe permitir conocer el historial de las contrataciones y garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos. De esta manera, el intercambio entre Sheinbaum y Córdova se centra en la revisión de los contratos del INE, el alcance de las auditorías practicadas durante administraciones anteriores y la necesidad de esclarecer los antecedentes de las empresas proveedoras.

Las afirmaciones de Córdova sobre la ausencia de irregularidades relevantes corresponden a su postura pública; para establecer el alcance de las revisiones y sus resultados es necesario consultar los informes de auditoría y las resoluciones de las autoridades fiscalizadoras.