Representantes del sector privado pidieron a diputados modificar la propuesta de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente para establecer una transición gradual y evitar que el efectivo sea eliminado como opción de pago en determinados sectores.

Durante una reunión con integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, empresarios y representantes del sector financiero plantearon ajustes a la iniciativa, que busca ampliar el uso de medios de pago electrónicos y digitales en México.

La propuesta fue presentada por el Ejecutivo federal el 9 de septiembre de 2026 y permanece en proceso de análisis en la Cámara de Diputados. Entre sus objetivos se encuentra cerrar la brecha entre la infraestructura disponible para realizar pagos digitales y su utilización efectiva.

Uno de los principales puntos de preocupación fue la posibilidad de que Hacienda determine sectores estratégicos o actividades relevantes en los que los pagos digitales y electrónicos sean la única alternativa, lo que implicaría restringir el uso de efectivo.

Representantes empresariales solicitaron que esta transición se realice de manera gradual y que se establezcan reglas que consideren las condiciones de los micronegocios y de las personas que todavía no cuentan con acceso suficiente a servicios financieros o conectividad.

La discusión también ocurre en un contexto en el que el efectivo continúa siendo el medio de pago predominante en las operaciones de menor monto. De acuerdo con información citada durante el debate legislativo, alrededor de 85% de las operaciones de hasta 500 pesos todavía se realizan en efectivo.

Otro de los temas planteados durante el encuentro fue el costo de aceptar pagos digitales. Octavio de la Torre de Steffano, presidente de Concanaco Servytur México, propuso establecer una mesa técnica con autoridades financieras, bancos, adquirentes, agregadores de pagos y representantes empresariales para revisar el esquema de comisiones.

El planteamiento busca evitar que los costos asociados con las operaciones digitales representen una carga desproporcionada para los micronegocios.

Un estudio presentado por Concanaco y Finabien en septiembre de 2026 encontró que 35% de los micro y pequeños comercios encuestados identificó las comisiones como el principal obstáculo para ampliar el uso de pagos digitales. El ejercicio incluyó 894 establecimientos de 31 estados.

El mismo estudio señaló que 74.8% de los negocios consultados ya acepta transferencias electrónicas, mientras que 47.6% recibe pagos con tarjeta.

Georgina Bertolotti, directora de Riesgo y Cumplimiento de Mercado Pago México, planteó que la implementación de la nueva legislación debe realizarse de manera gradual y acompañarse de reglas secundarias claras. Entre los aspectos que podrían requerir adecuaciones se encuentran las terminales punto de venta, pagos mediante códigos QR, incorporación de usuarios, ingreso de recursos a las cuentas e interoperabilidad de los sistemas.

La iniciativa contempla precisamente que proveedores de bienes y servicios habiliten la infraestructura necesaria para recibir medios de pago electrónicos y digitales y que informen a sus usuarios cuáles tienen disponibles. También establece que, ante una contingencia que impida recibir pagos digitales, podrá utilizarse efectivo o cheque.

Por ahora, no existe una prohibición general del efectivo en México. La iniciativa busca ampliar el uso de pagos digitales y contempla facultades para determinar determinadas actividades o sectores donde podrían establecerse condiciones específicas de pago.

La posibilidad de restringir el efectivo en ciertos ámbitos es precisamente uno de los puntos que ha generado debate entre legisladores y representantes empresariales, debido a sus posibles efectos sobre personas sin cuentas bancarias, adultos mayores, comunidades rurales y pequeños comercios.

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, defendió ante diputados que México cuenta con infraestructura suficiente para ampliar el uso de pagos digitales, aunque reconoció la necesidad de acompañar la transición con una estrategia de comunicación.

La iniciativa también contempla mecanismos como la CURP Digital para facilitar la contratación digital de servicios financieros y la creación de un expediente digital ciudadano. Por su parte, representantes de la banca manifestaron su disposición para participar en la elaboración del dictamen. La propuesta continuará su proceso legislativo antes de que pueda convertirse en una norma vigente.