La conductora de televisión Inés Gómez Mont fue detenida este viernes 30 de octubre de 2026 en Florida, Estados Unidos, luego de permanecer prófuga de la justicia mexicana durante más de cinco años. La presentadora enfrenta órdenes de aprehensión por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La captura fue reportada por medios de comunicación como Infobae y Milenio, y posteriormente por otros medios nacionales e internacionales. El caso está relacionado con una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto esquema de desvío de recursos públicos que habría alcanzado los 2,950 millones de pesos.

La detención ocurre después de que, en septiembre pasado, se diera a conocer que Interpol había cancelado las fichas rojas de búsqueda contra Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga. Sin embargo, las órdenes de aprehensión emitidas en México continuaban vigentes.

Hasta el momento, no se han detallado oficialmente las circunstancias del arresto ni el procedimiento que seguirá la conductora ante las autoridades estadounidenses.

Las investigaciones contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga comenzaron a tomar relevancia en 2021, cuando un juez federal emitió órdenes de aprehensión contra ambos por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El expediente, identificado como Caso Querubines, se relaciona con contratos asignados durante 2016 por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), entonces dependiente de la Secretaría de Gobernación, durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, se adjudicaron directamente contratos por aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos a la empresa Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V., bajo el argumento de adquirir equipamiento y sistemas de interconexión para centros penitenciarios federales.

Las autoridades señalaron que la compañía habría formado parte de un esquema de simulación de operaciones comerciales, mediante el cual los recursos públicos fueron transferidos a una red de empresas presuntamente fantasma.

Dentro de las investigaciones, la FGR señaló que la conductora recibió depósitos por 14 millones 843 mil pesos provenientes de dos empresas identificadas como presuntas simuladoras de operaciones, Tangamanga y Gupea.

Los recursos habrían formado parte de un esquema de triangulación de dinero mediante alrededor de 1,500 operaciones bancarias relacionadas con empresas vinculadas al despacho contable Álvarez Puga y Asociados.

Aunque la Fiscalía buscó atribuir al matrimonio un papel de liderazgo dentro de la organización investigada, el juez de la causa determinó que los elementos presentados acreditaban su presunta condición de beneficiarios, pero no necesariamente de dirigentes del grupo criminal. Las acusaciones continúan sujetas al proceso judicial y no representan una sentencia condenatoria.

La conductora salió de México en 2021, después de que se emitieran los mandamientos judiciales en su contra. Desde entonces permaneció fuera del alcance de las autoridades mexicanas.

En octubre de ese año, Interpol emitió fichas rojas para facilitar su localización internacional. Durante su estancia en Estados Unidos, también trascendió la adquisición de propiedades de alto valor, entre ellas una residencia en Miami Beach que anteriormente perteneció a la cantante Cher.

Por ahora, la detención reportada en Florida abre una nueva etapa en el caso, aunque todavía falta conocer los detalles del procedimiento que enfrentarán las autoridades estadounidenses y mexicanas para determinar su posible entrega o extradición.

La situación jurídica de Víctor Manuel Álvarez Puga también permanece bajo atención, pues el empresario enfrenta las mismas investigaciones en México y fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses en 2025.

La información sobre la captura de Gómez Mont continúa en desarrollo, por lo que se espera que la FGR y las autoridades de Estados Unidos proporcionen más detalles sobre su situación legal.