Estados Unidos entregó en los últimos días a México a 10 personas buscadas por autoridades mexicanas por delitos graves, informó este martes el embajador estadounidense, Ronald Johnson, quien presentó las entregas como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Los 10 fugitivos están relacionados con investigaciones por secuestro y actividades vinculadas con el crimen organizado, de acuerdo con la información difundida por el diplomático.

Johnson no dio a conocer los nombres de las 10 personas, tampoco precisó los delitos atribuidos individualmente ni explicó el procedimiento jurídico mediante el cual fueron entregadas a las autoridades mexicanas.

El embajador acompañó la información, difundida en inglés y español, con imágenes de los fugitivos bajo custodia y señaló que la coordinación entre México y Estados Unidos ha permitido avanzar en materia de procuración de justicia.

El anuncio se produce después de que Johnson informara el 30 de julio que más de 300 fugitivos buscados por México habían sido devueltos desde Estados Unidos, como parte de los mecanismos de cooperación e intercambio de información entre las autoridades de ambos países.

En sentido contrario, México también ha realizado entregas de personas requeridas por la justicia estadounidense durante los últimos dos años.

El marco jurídico que regula la extradición entre ambos países es el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, firmado el 4 de mayo de 1978 y vigente desde el 25 de enero de 1980. El instrumento establece mecanismos para la entrega de personas reclamadas por delitos cometidos en el territorio del Estado solicitante.

Entre sus disposiciones se encuentra el procedimiento para las detenciones provisionales. Cuando una persona es detenida provisionalmente, la parte requerida debe recibir la solicitud formal de extradición y la documentación correspondiente dentro de un plazo de 60 días; de no ocurrir, debe ponerse fin a esa detención provisional.

En México, además, la Ley de Extradición Internacional establece el procedimiento aplicable a las solicitudes y contempla la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la autoridad judicial.