La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, una nueva legislación que busca homologar y modernizar los sistemas catastrales y registrales del país, pero que provocó un fuerte enfrentamiento entre Morena y la oposición por sus posibles efectos sobre el impuesto predial.

El dictamen sostiene que la actualización de los catastros y la incorporación de predios que actualmente no están registrados permitirá ampliar la base fiscal de los municipios y, con ello, incrementar los recursos disponibles para inversión local. A partir de este planteamiento, diputados del PAN y PRI acusaron que la reforma podría traducirse en un aumento del predial, mientras Morena y sus aliados rechazaron que la nueva ley incremente el gravamen.

La iniciativa presidencial fue aprobada sin modificaciones sustanciales con 299 votos a favor y 92 en contra. Morena y sus aliados respaldaron el proyecto, mientras PAN, PRI y MC votaron en contra. La minuta fue enviada al Senado para continuar con el proceso legislativo.

Durante la discusión, legisladores de oposición calificaron la reforma como un posible “predialazo”, al considerar que la actualización de los valores catastrales y la incorporación de inmuebles no registrados podrían ampliar la base sobre la cual se calcula el impuesto.

El argumento de PAN y PRI parte de que el predial tiene como una de sus referencias el valor catastral de los inmuebles. Por ello, señalaron que si estos valores se actualizan hacia niveles cercanos al valor comercial, el monto que pagan los propietarios podría aumentar incluso si la tasa del impuesto permanece sin cambios.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, sostuvo que aunque el articulado no establece directamente una actualización de los valores catastrales, esa posibilidad aparece en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial. “Ahí está la trampa”, afirmó el legislador priísta durante el debate.

El panista Arturo Yáñez también calificó la propuesta como el “predialazo de Morena” y cuestionó que se pretenda ampliar la base gravable sin considerar las condiciones económicas de los municipios.

La diputada del PAN Carmen Alonso consideró que la reforma representa un riesgo para los propietarios de viviendas, mientras que su compañera de bancada Nancy Olguín cuestionó que los municipios tengan que asumir con sus propios recursos los costos de modernización tecnológica que contempla la legislación.

Los legisladores de la mayoría rechazaron que la nueva legislación establezca un incremento al predial. La petista Nora Merino cuestionó durante la discusión dónde se establece un aumento de la base gravable o de la tasa del impuesto. El también diputado del PT Ricardo Mejía Berdeja sostuvo que el objetivo de la legislación es contar con información más precisa sobre los inmuebles y fortalecer la coordinación entre catastros y registros públicos.

Uno de los cambios centrales será la creación de una Clave Única Catastral, mediante la cual se pretende identificar de manera inequívoca cada inmueble y vincularlo con el folio real correspondiente. Mejía Berdeja explicó que este mecanismo permitirá reducir problemas como dobles registros, errores en los deslindes y casos de doble escrituración, situaciones que pueden facilitar disputas sobre la propiedad y dificultar el cobro correcto del predial.

Los legisladores de Morena y PT insistieron en que la actualización de la información catastral no implica por sí misma un incremento automático del impuesto y defendieron que la reforma no crea nuevos gravámenes.

La nueva legislación contempla una mayor participación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en la definición de políticas, estándares y herramientas tecnológicas relacionadas con los catastros.

La Sedatu tendrá entre sus atribuciones supervisar las acciones de modernización registral y catastral, además de emitir lineamientos, guías y manuales para la aplicación de la ley.

Por su parte, la ATDT deberá diseñar y emitir modelos para homologar los catastros, desarrollar y administrar plataformas digitales, habilitar accesos para las autoridades catastrales y registrales y proporcionar herramientas para implementar medios de pago electrónicos.

La agencia también coordinará con la Sedatu, los gobiernos estatales y los municipios la aplicación del Plan Nacional Catastral, cuyo propósito será fortalecer los catastros, homologar procesos y mantener actualizada la información sobre los inmuebles.

Uno de los puntos cuestionados por la oposición es que los estados y municipios deberán aplicar las disposiciones de la nueva legislación con sus propios presupuestos.

El dictamen establece que las autoridades locales deberán operar bajo las nuevas disposiciones antes del 31 de diciembre de 2026, mientras que el Gobierno federal conducirá las políticas catastrales y el desarrollo de las plataformas digitales con los recursos presupuestales ya asignados a la Sedatu y la ATDT.

La reforma también establece mecanismos de coordinación tecnológica entre los distintos niveles de gobierno. Aunque los municipios conservarán la responsabilidad de cobrar el impuesto predial, deberán adoptar los nuevos criterios y herramientas establecidos por la legislación.

Durante el debate, la oposición sostuvo que estas disposiciones pueden limitar la autonomía municipal al imponer estándares y plataformas desde el Gobierno federal. La mayoría parlamentaria rechazó esa interpretación y afirmó que se trata de mecanismos de coordinación que no sustituyen las atribuciones locales. La nueva ley pasará ahora al Senado de la República, donde continuará su proceso legislativo.