Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil, madres de personas víctimas de desaparición, promovieron este 7 de octubre un amparo indirecto contra la Fiscalía General de la República (FGR) y las 32 fiscalías estatales del país, al señalar omisiones en la operación e interconexión del Banco Nacional de Datos Forenses.

La demanda también contempla a las fiscalías especializadas en materia de desaparición forzada de las 32 entidades y reclama que las autoridades garanticen la interconexión en tiempo real de sus bases de datos con el Banco Nacional de Datos Forenses, una herramienta concebida para facilitar la identificación de personas fallecidas y restos humanos.

De acuerdo con el planteamiento de las promoventes, aunque en diciembre de 2022 se suscribieron las Bases de Colaboración para establecer mecanismos de interconexión entre las instituciones involucradas, y en mayo de 2023 el Diario Oficial de la Federación publicó el inicio de operaciones del Banco, actualmente no existe información pública suficiente sobre su funcionamiento.

Las demandantes también señalan que el sitio oficial relacionado con el sistema no se encuentra operativo, por lo que cuestionan que el mecanismo esté funcionando de manera efectiva para cumplir con el objetivo para el que fue creado.

Uno de los principales argumentos de la demanda es que, ante la falta de una interconexión efectiva, las fiscalías especializadas deben recurrir al intercambio manual de información mediante oficios para intentar confrontar registros de personas desaparecidas con datos forenses.

Según las promoventes, este procedimiento puede generar retrasos y dificulta que los restos humanos localizados sean identificados oportunamente y entregados a sus familiares.

La demanda sostiene que esta situación puede provocar que personas fallecidas permanezcan sin identificar en servicios médicos forenses o fosas comunes mientras sus familias continúan buscándolas y oficialmente permanecen registradas como desaparecidas.

Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil solicitan al Poder Judicial que ordene a las autoridades señaladas adoptar las medidas necesarias para garantizar la interconexión de sus sistemas con el Banco Nacional de Datos Forenses.

Entre sus peticiones se encuentra la suspensión del acto reclamado, con el objetivo de que las autoridades implementen de manera inmediata las acciones necesarias para garantizar el funcionamiento e intercambio de información que, sostienen, debe existir entre las distintas bases de datos forenses del país.

Las madres argumentan que la falta de resultados prolonga la incertidumbre de las familias que buscan a sus seres queridos y que la omisión institucional representa una forma de sufrimiento continuo para quienes enfrentan una desaparición.

El litigio coloca nuevamente bajo escrutinio la coordinación entre las instituciones responsables de investigar las desapariciones y aquellas encargadas de procesar, identificar y resguardar restos humanos. La resolución del amparo determinará si las autoridades señaladas incurrieron en las omisiones reclamadas y, en su caso, qué medidas deberán adoptar para garantizar el funcionamiento efectivo del sistema.